Los nuevos detractores de la rezonificación de Costa Salguero no sólo viajan en bicicleta. Un reciente informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dictaminó que la instalación de un emprendimiento inmobiliario en el predio «atenta contra la seguridad aerononáutica».
Ocurre que los cotizados terrenos fiscales en los que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, busca instalar un exclusivo barrio residencial están a sólo unos cuantos metros de una de las pistas del aeroparque Jorge Newbery. En ese marco, con medio trámite legislativo adentro, al Gobierno de la CABA no le quedó otra que pedir intervención a la ANAC para que se pronuncie sobre la viabilidad del proyecto. El dictamen es lapidario. El proyecto no debería despegar.
Si bien el documento de la ANAC -respaldado por un informe técnico- no es vinculante, las autoridades del organismo regulador de la aviación civil tienen la obligación de golpear las puertas de los tribunales si el Estado local continúa con la iniciativa. Incluso, un fiscal podría actuar de oficio y pedir que se frenen las obras.
«La construcción de un complejo habitacional en la zona de Costa Salguero, a menos de 500 metros de la cabecera de pista, en la línea de aproximación de las aeronaves, no es seguro y en este caso, según lo que propone el proyecto, todas las torres superan la altura permitida, pero, además, hay una cuestión de sonoridad que haría inviable un proyecto de esta naturaleza y en ese sentido, el código aeronáutico es muy claro y preciso y no permite la construcción de estos edificios en el lugar que se pretende realizar», explicó la titular de la ANAC Paola Tamburelli.
Por otro lado, las organizaciones políticas, asociaciones civiles, urbanistas y activistas ambientales continúan pendientes del desarrollo de las audiencias públicas previas a la votación de segunda lectura en recinto, objetivo que el macrismo se había fijado para las sesiones ordinarias pero que necesariamente postergará debido a la masiva inscripción de expositores. Con más de 7 mil ciudadanos anotados en la lista de oradores, la audiencia pública tuvo que subdividirse y promete jornadas para buena parte del verano: habiendo arrancado el 27 de noviembre pasado a las 14, sólo llegaron a hacer uso de la palabra un centenar de personas. Fuentes parlamentarias indicaron a este medio que las autoridades prevén que la finalización de este proceso se concrete recién para el 26 de enero próximo.
Al cierre de esta edición, también se preparaba una ronda en abrazo a la Legislatura porteña para el 3 de diciembre, impulsada por más de 20 organizaciones ambientales, sociales y políticas reunidas en un espacio de coordinación llamado “Jóvenes por el Río”. El evento daba cita a los que concurriesen en la esquina de Avenida de Mayo y Perú, con el propósito de que se construya un gran parque público en los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, llamado “Parque Nuestro Río, Diego Armando Maradona”.
La historia de la disputa en torno de estos terrenos se remonta a la sesión del 5 de diciembre de 2019, antes del recambio parlamentario. Ese día el cuerpo legislativo, con una composición que a Rodríguez Larreta todavía le permitía acceder a aprobaciones con mayorías de dos tercios, sancionó sobre tablas la Ley 6.289, cuyo articulado permitía la venta de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, que se extienden a lo largo de 18 hectáreas frente al Río de La Plata. Las concesiones vigentes al momento de la votación vencían en 2021 y, por esa razón, el oficialismo porteño se apuraba.
Sin embargo, la diputada Gabriela Cerruti, el Observatorio por el Derecho a la Ciudad y la Fundación Ciudad presentaron un amparo ante el Poder Judicial y obtuvieron una medida cautelar para frenar la enajenación de esos lotes. En paralelo, el pasado 8 de octubre se aprobó en primera lectura el proyecto de ley para la modificación del uso del suelo, lo que le permitirá concretar un proyecto urbanístico que contempla, entre otros detalles, la obra de edificios de 28 metros de altura frente al río.
Según el comunicado de prensa de Jóvenes por el Clima, el emprendimiento “agrava la escasez de los espacios verdes públicos en CABA, que tienen funciones ecosistémicas y sociales imprescindibles en las grandes ciudades, como la mitigación de contaminantes climáticos y las actividades de esparcimiento al aire libre”. Como fundamento al rechazo que mantienen con bicicleteadas a la costanera, junto a decenas de organizaciones políticas, sindicales y sociales, e iniciativas que llegan hasta el ciberactivismo, anteponen el artículo 8º de la Constitución porteña. “Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”, establece la carta magna de la Ciudad.
A su criterio, “Costa Salguero debe convertirse en un gran espacio verde, no en un Puerto Madero 2.0”.
