El cierre de listas de precandidatos para las primarias nacionales del 12 de septiembre se mantuvo dentro de lo registrado en ediciones anteriores. En efecto, una escasa competencia en el espacio partidario del oficialismo contrastando con una mayor pluralidad de alternativas en la principal oposición ha sido la regla desde la inauguración en 2011 de este sistema de pre-elecciones en las que de modo directo la ciudadanía elige postulantes a competir por la presidencia y el Congreso.
Incluso en la elección intermedia de 2017 la competencia por las candidaturas fue menor dentro de la coalición macrista que en las filas del justicialismo opositor. La excepción a esta regla de unidad oficialista versus interna opositora fue en 2019, en la que la construcción desde abajo hacia arriba del Frente de Todos en las Provincias avaló un mayor protagonismo de los gobernadores en la conformación de las listas que acompañaron la fórmula de Fernández.
Esta estrategia de construcción política, priorizando la unidad en la diversidad, quiso pasarle factura a la conducción nacional del Frente de Todos cuando una veintena de gobernadores propuso a fines del año pasado suspender las primarias invocando los riesgos de la pandemia. Esta suspensión les hubiera atribuido de iure a los jefes distritales la lapicera de las listas al liberarlos de la obligación legal de someterse a una elección abierta en la que basta un mínimo de avales para colarles en sus territorios ofertas alternativas. Pero tanto Casa Rosada como la conducción de la coalición en el Congreso descartaron cancelar las primarias, se afirmaron en el plan de vacunación y se limitaron a consensuar con la oposición la postergación del calendario, reafirmando su control centralizado sobre las nominaciones.
Y es que es así como opera en la práctica el mecanismo de primarias para el oficialismo, esto es, obligando a las oligarquías partidarias en cada distrito a negociar listas de unidad a gusto presidencial (y, en su caso, vicepresidencial), so pena de que los postulantes de su riñón tengan que competir en muy probable asimetría de recursos con los nombres preferidos de la conducción nacional. De esta manera, y apuntalados por el remanido discurso que pregona unidad para enfrentar a los adversarios de la república o de la causa nacional, las primarias permiten a los oficialismos a cargo el ingreso regular de sus leales a las Cámaras, fortaleciendo así la gobernabilidad a través de las mayorías parlamentarias. Desde este punto de vista resulta menos incomprensible la aparente contradicción dentro del oficialismo entre su marcada preferencia por mantener estas instancias de selección y su rechazo sistemático a celebrar internas competitivas.
Por otro lado, la simultaneidad de primarias provinciales y municipales en la provincia de Buenos Aires facilita también a la conducción nacional influir en la conformación de esta abundante oferta subnacional, fortaleciendo su control territorial en el principal distrito electoral del país. En septiembre habrá además primarias obligatorias simultáneas para cargos locales en la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco y Mendoza y en noviembre esos distritos más Formosa, La Rioja y San Luis renovarán sus legislaturas y Santiago del Estero también su gobernador junto con representantes al Congreso.
No debería sorprender en este contexto que no obstante la pandemia, distritos bajo signo partidario distinto que el Frente de Todos, como Misiones, Jujuy, Salta y Corrientes, hayan anticipado sus renovaciones provinciales y municipales para antes de las primarias nacionales. En efecto, separando sus elecciones los gobernadores eluden efectos de arrastre propios de comicios que resuelven al mismo tiempo categorías nacionales y locales en las mismas papeletas, conjurando no solamente la “nacionalización” de campañas electorales sino también, como en Jujuy y Salta, la unidad de la oposición local identificada con el gobierno nacional. Por caso, Mendoza, que descartó el desdoblamiento y realizará primarias y generales para renovar legislatura y concejos junto con las elecciones nacionales, en estos días lidia con la creatividad en materia de arrastre de la oposición peronista, que impulsa listas múltiples propias para categorías locales adheridas a su boleta única para el Congreso.
Contrastando con esta suerte de proceso de nominación más desde arriba hacia abajo en el oficialismo, el mayor internismo desde abajo que tiende a predominar en la oposición refleja la ausencia de una conducción nacional unificada. El ocaso del ex presidente Macri como jefe natural e indiscutido de la principal coalición opositora ha dado lugar no solamente a la consolidación de otros liderazgos dentro de su propio partido sino al reverdecimiento de rivalidades e identidades en otros componentes partidarios del espacio, algo que resulta difícil de procesar sin primarias obligatorias. Por otro lado, buena parte de la oferta electoral de Juntos apunta a recuperar en los votantes la percepción de capacidad de manejo económico, uno de los activos de los que la derecha se suele blandir y que Macri se encargó especialmente de devaluar. Es notable, dicho sea de paso, que una fuerza política en la que son frecuentes las posiciones contra la intervención del Estado oficie de principal interesada en la realización de elecciones que importan una injerencia pública explícita en el funcionamiento interno de los partidos políticos.
Vamos por partes
Esta premura de la principal oposición por asegurarse internas para definir liderazgos sucede al mismo tiempo que su interbloque de diputados renueva más de la mitad de sus bancas y el bloque oficialista solo alrededor de 40% de las suyas, producto del mejor desempeño del macrismo en 2017. En un contexto de mayorías estrechas, resulta interesante analizar cómo opera esta dinámica de las distintas porciones de escaños puestos en juego por oficialismo y oposición, lo que además puede aportar al debate sobre el impacto de los resultados de las elecciones intermedias en la presidenciales que le siguen.
La renovación parcial de las Cámaras del Congreso resulta en una especie de efecto boomerang retardado de los resultados legislativos previos que impacta en las ventajas marginales emergentes de la competencia electoral. Como regla general, ganar muchas bancas de diputados en las elecciones de hoy, si en la siguiente no se emparda o mejora la cosecha, significa dentro de cuatro años mayores pérdidas potenciales de una mala elección. Por otro lado, contar con más bancas significa acceso a más recursos, por lo que la competencia por esos lugares podría operar también como un incentivo para desplegar mayores esfuerzos a fin de conservar las posiciones conseguidas hasta el momento. Pero veamos lo que ha sucedido en la Cámara baja en estos últimos 40 años de elecciones.
El radicalismo con Alfonsín ganó sus primeras elecciones intermedias en noviembre de 1985 renovando algo más de su bloque de diputados que el justicialismo opositor y sostuvo el control del cuerpo. En las elecciones de 1987 fue el justicialismo el que tuvo en juego una proporción mayor de su bancada, que el resultado electoral finalmente amplió, al igual que el número de sus gobernaciones. En 1989 la oposición justicialista ganó la presidencia simultáneamente renovando una proporción menor de bancas, vista la mejor cosecha del radicalismo en 1985 con mandato hasta ese año. Los triunfos sucesivos del justicialismo en 1991 y 1993 tuvieron como efecto que la composición por mandato de los bloques por un breve período tendiera a equilibrarse en mitades.
Luego, bajo el ciclo presidencial de cuatro años con renovación legislativa bianual inaugurado en 1995, los bloques de la oposición renovaron una proporción mayor de bancas de diputados que el oficialismo en las elecciones intermedias: en 1997, 2005 y 2013.
En 1997 el justicialismo en el gobierno renovaba menos de la mitad de sus escaños producto de su mejor desempeño de 1995 respecto a 1993 mientras el radicalismo disputaba 60% de los suyos, producto concomitante de su peor desempeño en aquella instancia. En muchos distritos el radicalismo presentó alianzas con el peronismo disidente, que en la elección anterior había ampliado su representación y en esa oportunidad renovaba solamente 20% de sus integrantes. El oficialismo no hizo su mejor elección pero aun así mantuvo un margen suficiente de maniobra legislativa. El radicalismo renovó y amplió aquellas alianzas en 1999 cuando se hizo con la presidencia al tiempo de renovar una parte menor de su bancada que el justicialismo gobernante. El efecto retardado del resultado de 1997 tuvo lugar en la renovación de 2001, cuando el justicialismo en la oposición renovó una proporción menor de sus bancas que el gobierno. Las elecciones resultaron en un justicialismo con número en la Cámara para designar su presidente, lo que aceleró la crisis que eyectó al radicalismo del gobierno.
En 2005 el peronismo disidente jugó su carta en la provincia de Buenos Aires buscando renovar la mayor parte de sus bancas pero perdió posiciones frente al oficialismo, al igual que el radicalismo y otros bloques. En 2013, cuando el kirchnerismo renovó su menor cosecha de 2009, el peronismo disidente supo propinarle una derrota en el principal distrito electoral del país. Y en las generales de 2015 en las que perdió la presidencia, el justicialismo en el gobierno otra vez puso en juego más bancas que la oposición macrista y quedó en minoría.
Observamos pues, que esta situación de que el oficialismo tenga menos bancas para renovar en una elección intermedia no es nueva ni inusual. Tenerla en cuenta es útil para identificar posibles ventajas y poner el foco en cómo la composición por mandato influye en el proceso político a un nivel bastante estructural, considerando los distintos horizontes temporales implicados en este escalonamiento, si bien no está claro el grado en que esta variable condiciona los resultados políticos.
Un aspecto más peculiar en esta ronda electoral es la mayor incertidumbre respecto al nivel de concurrencia a las urnas como consecuencia de la pandemia. Una participación menor sería para las agrupaciones de menor porte un escollo adicional a fin de superar en primarias el umbral de 1,5% de votos válidos para competir en la elección general y en ésta, para alcanzar el piso de 3% del padrón del distrito para acceder a adjudicar bancas, un porcentaje que en Provincia de Buenos Aires significa obtener como mínimo poco menos de 400 mil votos. Por caso, en las elecciones anticipadas de junio en Misiones y Jujuy la concurrencia alcanzó un mínimo histórico de 60% y 65% respectivamente, y en este último distrito el umbral provincial de 5% del padrón favoreció al oficialismo local, que con 42% de los votos se quedó con 75% de la mitad de la legislatura en disputa.
Si bien es probable que dado el actual ritmo de vacunación para septiembre y sobre todo para noviembre el país esté cerca de alcanzar la inmunidad colectiva, la experiencia de la pandemia sugiere no apresurarse a darlo por sentado, además de la posible persistencia de prevenciones individuales y locales que desalienten la concurrencia. Por otro lado, el avance de la vacunación, con su efecto de normalización de la actividad económica, junto con las mejoras en los ingresos inducidas por modificaciones tributarias y bonos a pasivos, es una de las cartas fuertes del gobierno para estas elecciones.
