Las primarias se realizaron en el peor contexto económico de los últimos diez años según los datos del último informe de coyuntura publicado por Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Es por eso que el gobierno, reorganizado el gabinete nacional, se concentra en mejorar la capacidad de consumo de distintos sectores sociales.
Según Nicolás Pertierra, economista del Ceso, “la cautela fiscal, defendida desde una visión ortodoxa para reducir la inflación, implicó costos en la propia base electoral del Gobierno que puso en riesgo el proceso de reactivación sin lograr el efecto deseado en los precios. Sin embargo, con el avance del plan de vacunación y la normalización de las actividades, surge la oportunidad de lanzar un programa de fuerte reactivación con eje en la infraestructura social y que genere puestos de trabajo en los sectores críticos”.
A modo de ejemplo cada punto del PBI que se destina al sector de construcción, se crean 269 mil empleos directos e indirectos. Para Pertierra esta es una forma concreta de realizar el aclamado cambio de los programas de asistencia social por trabajo.
Sucede que desde distintas visiones se plantean fuertes objeciones a los programas de reactivación por las restricciones que tiene la economía argentina. Desde las posiciones más heterodoxas, se entiende que la restricción de divisas es la principal limitación que surge para sostener el crecimiento.
En la actualidad, la mayor parte de las discusiones giran en torno a generar dólares por la vía comercial o financiera pero se toma como un dato el fenómeno de la dolarización y el destino que tienen los dólares que la economía argentina genera. Por eso, según el informe del CESO, el programa de reactivación debe ir acompañado de un programa de estabilización heterodoxo para atacar la inercia inflacionaria y avanzar en alternativas de ahorro para sectores informales que les permita cubrirse de la inflación sin necesidad de tener al dólar como única alternativa.
Afirma Pertierra que el gobierno decidió que una parte importante de su respuesta al resultado electoral sea económica pero sin cambiar los nombres que llevan adelante esas políticas. Los mismos objetados por la vicepresidenta serán los encargados de ejecutar una política mucho más expansiva del gasto público que la que hubo en la primera parte del año. Con esto, se hará lugar a parte del reclamo que hizo público Cristina Kirchner para modificar la performance electoral. De todos modos, el horizonte es más largo que la próxima elección en noviembre y de esta coyuntura pueden salir decisiones que apuntalen a todo el Frente de Todos de cara a 2023.
Específicamente sobre el análisis de la ejecución presupuestaria, el Ministerio de Economía publicó, sin hacer mucha publicidad, los datos oficiales del resultado fiscal. El déficit fiscal primario al mes de agosto resultó del 1 por ciento del PBI en lugar del 2,1 que se señaló en la carta de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual la distancia hasta el 4,5 por ciento, valor previsto en el Presupuesto 2021 y que reclamó CFK, es todavía mayor.
En el Presupuesto 2022 se renovaron las proyecciones para el presente año y allí se postuló que el déficit fiscal primario sería finalmente del 4 por ciento del PBI en el 2021. Aún considerando que los últimos tres meses son siempre los más deficitarios por razones estacionales, parece difícil que se llegue a ese número.
Sin embargo, la discusión debe ir más hondo que un determinado número de déficit fiscal para reactivar la economía. El crecimiento no puede basarse sólamente en transferencias directas hasta alcanzar un determinado número sin dar respuesta a las demandas sociales más urgentes sin incorporar el impacto distributivo que tienen las políticas aplicadas.
El modelo de crecimiento basado en la inyección de recursos, sostenido de 2011 a 2015 con un creciente déficit fiscal, también se enfrentó con fuertes restricciones “y debe ser anotado como una experiencia a superar por los proyectos populares”, concluye el economista.
Según el CESO “la forma de sortear estos limitantes es con un ambicioso plan de infraestructura social que tenga la menor demanda de divisas posible para no dificultar todavía más la restricción externa.
Fundamentalmente construccion de viviendas dignas, mejoras medioambientales en los barrios populares, limpieza de las grandes cuencas del Matanza y Reconquista, seguridad, educación y salud”.
Entender la construcción y los servicios sociales como las actividades económicas a apuntalar, tiene, además, dos virtudes adicionales: El impacto en puestos de trabajo por cada peso invertido es superior al resto de las actividades; y para su impulso la necesidad de divisas e importaciones es mínima.
Durante gran parte de la gestión, debido a la pandemia, este tipo de iniciativas tuvieron que relegarse por las medidas de restricción que directamente prohibían la actividad y por la prioridad puesta en incrementar la capacidad del sistema de salud. El éxito en el plan de vacunación permite pensar en programas más ambiciosos. Así explica Pertierra que “aquellas tareas que quedaron pendientes al inicio del mandato, pueden ser retomadas en el período 2022-2023 y renovar la confianza de la base electoral del Frente de Todos. Lo que está por delante es la oportunidad de cumplir esas expectativas”.
En conjunto con un plan de reactivación, la inflación y la dolarización del ahorro también requieren de un programa heterodoxo para conseguir resultados contundentes que superen las promesas de las mejoras a cuentagotas.
El CESO propone una secuencia para reducir la inflación inercial, que hoy ronda el 40 por ciento. “Al tener un componente inercial tan alto incorporado a contratos y expectativas, la inflación persiste y se va proyectando hacia adelante. Por ejemplo, los precios de los alquileres de los próximos años se ajustan por el índice de locación que depende de la inflación pasada, hecho que también sucede con los préstamos indexados o las cláusulas gatillo en las paritarias. En los casos que no hay indexación formal, las tasas de interés de los créditos o los pedidos de aumentos de salarios, tienen incorporadas expectativas de inflación basadas en los niveles pre-existentes. Algo similar sucede con los acuerdos entre empresas que incorporan indexaciones contractuales o actualizaciones basadas en expectativas de continuidad de la inflación del pasado. De esa manera, cualquier emprendimiento será inviable si no aumenta sus precios a una tasa acorde a esos ajustes ya pautados previamente. Para reducir la inflación inercial sugerimos un congelamiento de precios, salarios, tarifas y tipo de cambio durante un tiempo determinado que logre convertirse en la nueva pauta del ritmo inflacionario. Para ello proponemos una paritaria en salario real indexada al período de congelamiento de precios, acompañada de una política tarifaria, cambiaria y de tasas acorde a la nueva nominalidad lograda. Para su implementación, la coordinación de las distintas áreas de la política económica es fundamental así como también un liderazgo político sólido que conduzca todo el proceso”.
El otro frente a administrar es el de la escasez de divisas. Una de las fuentes de demanda de dólares, en particular en el mercado informal, está vinculada a la búsqueda de cobertura frente a la inflación en los sectores no registrados que no acceden alsistema financiero. “Para generar una alternativa que dé respuesta a esa demanda estructural, una moneda indexada que coexista con la circulación del peso puede servir de un instrumento de conservación del valor para la liquidez de la economía informal, aliviando la presión sobre la brecha cambiaria. Ese instrumento puede extenderse para las operaciones inmobiliarias, otra fuente de demanda de dólares minoristas. Desde ya, las intervenciones cambiarias y regulatorias tienen que persistir porque son por el momento un dique de contención a la demanda en el mercado oficial. El mercado oficial de dólar solidario alcanzó las 700.000 compras el último mes, a pesar de los diferenciales y restricciones que existen. Lograda cierta estabilidad de los precios, puede apuntarse a una política de reducción de la brecha cambiaria basada en firmes intervenciones en el paralelo para generar una baja preanunciada de su cotización. De esa manera, se genera un incentivo a reducir la demanda de dólares financieros e incentivar su oferta, ya que se prevé que su cotización vaya disminuyendo de acuerdo a un cronograma de conocimiento público. Si se logra generar credibilidad en dicha política a partir de intervenciones contundentes en los mercados paralelos, se puede incentivar el ingreso de divisas fugadas en los últimos años, hacia inversiones inmobiliarias y productivas que apuntalen la reactivación y refuercen nuestras reservas”.
Al respecto, vale recordar que el proceso de recuperación e inversión que se desató en el 2002 se financió en gran parte con la dolarización acumulada durante la convertibilidad. Una vez estabilizada la moneda en 2003, el bajo precio de los activos locales fue un incentivo a la repatriación de capitales fugados para su valorización en el mercado local. Un proceso de esas características, movilizando parte de la dolarización de los ahorros del período cambiemita, puede aliviar la tensión que existe sobre el dólar paralelo.
La ortodoxia insiste que el resultado inevitable de cualquier política de reactivación, incluso la que muy tímidamente se despliega en este momento, tiene impacto en el nivel de precios. Es una visión importada por manuales que se repite haya o no haya pandemia, haya o no haya controles cambiarios. Lamentablemente, hemos visto el resultado de los experimentos monetaristas en las gestiones de Sturzenegger y Sandleris que terminaron consiguiendo la inflación más alta después de la última hiper en 1991. “Controlar sólo los agregados monetarios es un esquema que se queda muy corto y pierde de vista los factores estructurales que están por detrás de la inflación” explica Pertierra.
La visión heterodoxa ve a la restricción asociada a la escasez de divisas. Si las políticas económicas terminan impactando en los precios, en el medio lo que no se pudo controlar es la presión sobre el tipo de cambio y las reservas. Dentro de esta visión existen, a su vez, distintas estrategias para afrontarlo.
Las principales áreas del equipo económico de Alberto Fernández se inclinan por incrementar la oferta de dólares a través de las exportaciones, principalmente primarias, para ir hacia una reunificación del mercado cambiario.
Otras posiciones afines al ministro Guzmán, pero más asociadas al mercado financiero, priorizan un acuerdo con el FMI para acceder al financiamiento de organismos internacionales aprovechando las posturas más expansivas que tiene el organismo en el marco de la pandemia.
Desde el Ceso consideran que la alternativa exportadora no presenta perspectivas de crecimiento fuerte en el corto plazo, además de tener que ponderarse los conflictos con otras preocupaciones de la base electoral tanto distributivas como de materia ambiental. En cuanto a la salida financiera, de la mano del FMI, nada garantiza que un acuerdo pueda destrabar el ingreso de fondos privados. “Ya se especulaba con esa posibilidad cuando se cerró la renegociación de la deuda con los privados y, en lugar de una ola de divisas, tuvimos que enfrentar una corrida cambiaria liderada por quienes aprovechaban el efecto canje para liquidar sus posiciones en el país. Aferrarse nuevamente a la misma ilusión, llevará al mismo desencanto en un escenario político que no da oportunidades para nuevos yerros”.
