Ante un recoleto auditorio congregado para del inicio al año lectivo 2022 de la Universidad de Chile, el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, pronunció una conferencia que eligió titular «Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica».
La exposición del cortesano argentino resulta un posicionamiento público en el debate que está surcando el continente, que puede resumirse básicamente en si América Latina debe retomar el camino de ampliación de derechos y conquistas populares iniciado por los gobiernos progresistas a principios de este siglo e interrumpido durante el último lustro o si, al contrario, debe volver a abrazar como en la década del 90 del siglo pasado los fundamentos del neoliberalismo.
Rosenkrantz habla a un foro marcado por los postulados del neoliberalismo jurídico, que desde finales del siglo pasado viene intentando evolucionar de corriente de opinión hacia un cuerpo de fundamentos orgánicos que lleven desde el terreno económico al jurídico las premisas que Milton Friedman y sus secuaces de la escuela de Chicago lograron universalizar en la disciplina económica, utilizando su mismo método de difusión, la construcción de un núcleo dogmático de premisas y su repetición hasta el hartazgo, gozando de los beneficios de las agencias de construcción de sentido común controladas por el poder real.
Desde ese lugar, el ex abogado de Clarín opta por lanzar una provocación política y una falacia argumental. Y opta por ese mecanismo porque quiere que sus palabras trasciendan los foros académicos y llegue hasta las propaladoras de massmedia y contribuir con su aporte dialéctico a la construcción de un sentido común que acuerde en que existen sectores de la población que deben resignarse a que sus necesidades no sean satisfechas.
Argumenta de manera falaz que no es posible un mundo donde a cada necesidad le corresponde un derecho porque los recursos mundiales no alcanzan a cubrir todas las necesidades, lo que no deja de ser una falsedad absoluta. Hoy la capacidad productiva de la economía mundial puede cubrir largamente las necesidades de toda la humanidad, mientras que la supuesta escasez nace de la alta concentración de la riqueza en menos del 1% de la población. Rosenkrantz avanza sobre eso y establece una argumentación donde sostiene que atrás de cada derecho existe un costo y esto no es mentira: efectivamente, poder satisfacer los derechos y las necesidades de la población lleva un costo social, pero la discusión es si la producción de riqueza que se desarrolla de manera social y colectiva debe o no debe cumplir la función social de atender las necesidades del conjunto o si únicamente existe para el enriquecimiento de un pequeño núcleo privilegiado de la población.
Allí es donde toma partido Rosenkrantz y lo hace público con una provocación discursiva, parafraseando una de las consignas más caras al peronismo, nacida de la verba de nuestra querida Evita y negando la posibilidad de construir un derecho, es decir una herramienta jurídica para satisfacer cada necesidad.
Como es natural, este ejercicio de provocación política no sucede en el vacío, sino que se desarrolla en el marco de un proceso donde la política argentina se encuentra discutiendo la posible ampliación de la Corte Suprema de Justicia por la deficiencia, incompetencia y parcialidad notoria que han mostrado sus actuales integrantes en el cumplimiento de sus funciones.
Nunca en democracia hubo una corte tan marcadamente parcial en favor de los privilegiados del modelo económico. La mayoría del pueblo argentino hoy vive la situación de saber que la máxima instancia que debiera velar por sus derechos tiene un único norte político: favorecer la concentración de capital. Y ese escenario resulta tan obsceno que el sistema político se ha visto obligado a poner en debate el funcionamiento de la Corte Suprema.
A intervenir en ese debate se dirige la provocación trasandina del cortesano. Y en ese debate es en el que quienes integramos el campo popular debemos intervenir con más convicción que nunca, desde nuestra verdad, que como dijera Evita, es y siempre será, que «donde hay una necesidad, nace un derecho».
Por Lisandro Teszkiewicz
Auditor general de la Ciudad por el Frente de Todos
