Por Matías Maito e Ignacio Garay (CETyD – IDAES – UNSAM)
Durante los últimos días, especialmente a partir del conflicto en el sector del neumático, empezó a transmitirse una sensación de conflictividad creciente y desbordada entre empresas y trabajadores. A su vez, esto creó las condiciones de posibilidad para que circularan propuestas para avanzar sobre los pilares básicos de nuestro esquema de protección del trabajo: restricciones al derecho de huelga, límites a la capacidad de representación de los sindicatos y su participación en la negociación colectiva, hasta un preocupante exabrupto de un diputado nacional pidiendo “cárcel o bala” para los representantes sindicales.
Lo cierto es que un análisis del mercado de trabajo a partir de datos oficiales desarma la idea de una conflictividad sin riendas entre empleadores y los trabajadores. Al respecto, son tres las cuestiones a destacar.
Primero, la conflictividad laboral es la más baja en más de 15 años. Los registros estadísticos de conflictos laborales inician en 2006, y desde allí hasta el segundo semestre de 2021 y el primero de 2022 no se encontraban valores tan bajos.
En segundo lugar, los convenios y acuerdos paritarios recientes promueven el diálogo entre las partes antes de iniciar medidas de fuerza. De los 121 acuerdos homologados durante el segundo trimestre del año, 64 (más de la mitad) incluyen cláusulas de paz social. Esto supone un compromiso mutuo para preservar la armonía en las relaciones laborales y agotar todas las instancias de diálogo entre las partes antes de acudir a medidas de fuerza.
Tercero, el paro de actividades no es la primera respuesta de los trabajadores ante un disenso. En efecto, por cada paro de actividades en el primer semestre de 2022, se registraron cerca de dos conflictos con medidas de fuerza sin paro. Las principales acciones sin paro fueron concentraciones, movilizaciones y declaraciones.
Todo esto se dio en un panorama económico particularmente complejo. Aunque la actividad económica muestra un proceso sostenido de recuperación, la inflación persiste y se acelera (78% fue la inflación interanual en agosto 2022), complicando el funcionamiento de la economía en su conjunto. La asunción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía pareciera haber dotado de una relativa estabilidad a la situación económica. Sin embargo, las dudas sobre el futuro cercano del sector externo, el dólar y la delicada situación de los ingresos reales pueden derivar en nuevas turbulencias. Todo esto nos lleva a pensar que la política antiinflacionaria debe estar en el centro de la agenda.
En este marco, el desempeño del mercado laboral combina el crecimiento del empleo formal en el sector privado con niveles aún elevados de empleo informal y precario. En otras palabras, el fuerte descenso de la tasa de desocupación al 6,9% se acerca a uno de los valores más bajos desde 2003; a la vez que coexiste con 37,8% de empleo no registrado. A su vez, el poder adquisitivo de los trabajadores sigue sin recuperar la caída de 20% entre 2017 y 2019: en junio de este año los salarios se ubicaron en un nivel muy similar al de diciembre de 2019.
Las negociaciones salariales vienen corriendo por detrás del aumento sostenido de los precios. Y el escenario de alta inflación presenta una encrucijada: si los aumentos salariales se atrasan, pierden en términos reales en lo inmediato; pero si aceleran su actualización, convalidan el crecimiento de la inflación y, al final de cuentas, terminan igualmente perdiendo y viendo licuados los aumentos anteriores.
Por eso, el principal desafío del escenario laboral no es tanto administrar la conflictividad (que se encuentra en valores muy bajos en términos históricos). Por el contrario, el fortalecimiento del mercado laboral precisa de la implementación de una política antiinflacionaria que allane el terreno para que se abra un proceso de recuperación y mejora sostenida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.
