Se ve y se siente que el nivel de actividad económica abandonó la modorra pandémica. Sin embargo, en el análisis sectorial, la profunda disparidad de los indicadores que deja expuestas las heterogeneidades de la estructura productiva resultan un dato más que relevante a la hora de interpretar las tensiones inflacionarias. El comportamiento de los agentes formadores de precios, su íntima e inversamente proporcional relación con el salario, son los ingredientes que se utilizan para condicionar y limitar los movimientos del gobierno, que tiene sobre la mesa un cupcake para cortar en 45 millones de porciones. Si bien el coro de devaluasionistas seriales parece haber bajado el volumen de sus cantos, la tensión distributiva se traslada hacia especulaciones anticipadas sobre el nivel de precios.
Sobre los ingredientes
El indicador de inflación de noviembre marcó 3,2%, por debajo del consenso entre las consultoras privadas. Para los analistas consultados en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la suba del IPC fue del 3,6%. Además, proyectaron que la inflación de diciembre será del 4%, con lo que alcanzará un promedio anual de 36,7% en 2020. De cara a los primeros meses del año próximo, estimaron una inflación de 4,1% para enero, 3,8% en febrero, 4% en marzo y 3,5% en abril. En ese sentido, elevaron sus pronósticos para 2021, cuando llegaría al 50%.
“La suba en los combustibles, la liberación de ciertos precios pertenecientes al programa Precios Máximos, al igual que por un impulso en la recta final del mes en el precio de las carnes” impactó en el resultado del IPC de noviembre, justificó Milagros Suardi, economista de la consultora EcoGo. “Las presiones cambiarias y los probables ajustes tarifarios sumarían presiones en los meses venideros, y la inflación no perforaría el 3%, al menos, hasta marzo 2021”, agregó Matias Rajnerman, economista en jefe de Ecolatina.
El pifie respecto al dato duro es evidente, con cierto dejo de amenaza a su vez. Es cierto que en noviembre se desaceleró el alza respecto a octubre, mes que marcó el pico anual del 3,8%. El rubro de mayor incidencia en el IPC, Alimentos y bebidas, registró una significativa contracción: 2,7 por ciento en noviembre contra el 4,8% observado en octubre pero, paralelamente, la inflación núcleo se aceleró hasta 3,9% mensual, contra el 3,5% mensual de octubre, en línea con la gradual reapertura de la economía doméstica.
«La tasa de inflación mensual, tanto en su nivel general como en el núcleo, aún continúa transitoriamente elevada por subas de precios por apertura de actividades cerradas durante la pandemia, la flexibilización de precios de algunos productos de Precios Máximos e incrementos fuertes en los precios de las carnes», explicaron fuentes del Banco Central. Entonces, la actividad pone primera y empieza a generar recursos, mientras el ritmo de los precios define quién se los apropia.
Agro
Argentina produce y exporta alimentos. Alimentos es la industria del agro, uno de los pocos sectores que genera dólares. Alimentos y comercio exterior copulan en una relación incestuosa. De los diez grandes exportadores, que concentran el 91 por ciento de las exportaciones de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales del país, seis son extranjeras: ADM; Bunge Ceval; Cargill; COFCO; Louis Dreyfus, Glencore como Renova SA y/o como Oleaginosa Moreno SA; y las otras cuatro son nacionales: Aceitera General Deheza; ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas); Molinos Agro de Pérez Companc y el Grupo Olio (Díaz& Forti), que opera en las instalaciones de Vicentin SAIC.
Agroindustria y alimentos como exponente fiel de lo más concentrado de un mercado.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), que vale de decir que son dos siglas de una misma organización, se viene rosqueando una ley agraria que aboga esencialmente por la reducción impositiva. En ese marco, se dieron sucesivas reuniones, públicas y reservadas, con funcionarios de Hacienda, durante los últimos días. En la última cita concretada a comienzos de diciembre con el ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, se fue con gusto a poco. El discípulo de Joseph Stiglitz acompañó con fomentos a la inversión pero dejó claro que no tenía margen para achicar la recaudación, que muy por el contrario necesitaba engordarla y explicó cuán esencial resulta el aumento de las exportaciones.
Los productos de la canasta exportadora argentina están en Precios Máximos desde hace 6 años. Sigue vigente la baja porcentual sobre los derechos de exportación. El BCRA reforzó controles sobre los plazos de liquidación. Aún así, el sector retiene 5 mil millones de dólares, sólo justificados por la especulación, que en definitiva no es más que la subordinación del Gobierno a los antojos del agente económico de turno.
Energía
Esta tendencia alcista de los commodities tiene como excepción al petróleo. Sin embargo, el precio del brent se quedó en unos cómodos 50 dólares por barril.
Argentina tiene la tarea de generar energía. Mientras sea un recurso que se importe, es mejor que sea barata pero se sigue pagando en dólares.
Ese fue el argumento para la fallida nacionalización y posterior estatización de YPF en el gobierno kirchnerista; y Vaca Muerta o el Plan Gas para el gobierno actual. En estos dos últimos negocios juega Paolo Rocca, que al ser el CEO de Techint se pavonea como el hombre más poderoso del país. Hasta se dio el gusto de mantener una entrevista pública con Guzmán en el marco del seminario de Propyme, que anualmente organiza el grupo T.
El magnate expuso señales de mejoras en todas las ramas de su actividad, marcando comportamientos dispares. Y aprovechó la ocasión para justificar la necesidad de sostener los subsidios y repetir el reclamo por la reducción impositiva. El Ministro apeló al mismo mantra que entona frente a todos sus interlocutores: no hay margen para reducir la recaudación del Estado.
Luego, llegó el bloque de las preguntas, que leyeron los animadores Luis Novaresio y Luciana Geuna. Ante la recurrencia de la misma pregunta, el carrilero platense arremetió: Parecen ustedes los que quieren que se bajen los impuestos.
Novaresio y Geuna cobran por amplificar los intereses del bloque de poder económico que, con exhaustiva minuciosidad, se describe en este número de Realidad en Aumento (ver nota “todos chorros”, de Pablo Dipierri).
Las consultoras estiman que por cada punto que aumentan los combustibles la inflación suma un 0,05%. El impacto mayor es con el gasoil, utilizado en los camiones que transportan los alimentos de primera necesidad, con fuerte peso en el IPC. Dado el aumento en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono, en el sector privado hay quienes hablan de una suba del 2 al 6 por ciento para recomponer los márgenes.
De acuerdo a lo publicado dos semanas atrás en el Boletín Oficial y refrendado en la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el 15 de enero de 2021 habrá otro aumento de los impuestos a los combustibles. Esa suba trasladaría la inflación del tercer trimestre.
Construcción
Los despachos de cemento mostraron en noviembre una ascenso del 28% en relación al último mes completo de la gestión de Cambiemos, y han sido los más altos de los últimos 3 años.
Loma Negra, que pertenece al grupo brasileño Camargo Correa, está a horas de agotar su stock de cemento mientras tiene a su cargo el abastecimiento del 45% del cemento del país. Sergio Faifman, CEO de la empresa adjudica, la crisis a la extorsión de los trabajadores de Aoma, que en lo formal figuran como empleados de la empresa Minerar en la extracción de piedra caliza. Organizados alrededor de ese insumo clave de Loma Negra para la producción de cemento, los obreros piden que en los hechos se revea el convenio.
Según el Ministro de Obra Pública, Gabriel Katopodis, el caso de Loma Negra amerita la aplicación de la Ley de Abastecimiento, tal como expuso en una entrevista concedida a FM La Patriada.
La construcción resulta una actividad clave, por los sectores productivos que movilizan su demanda y el impacto en el empleo.
Migas
Según el último informe de CIFRA sobre empleo y salarios, los ingresos de los trabajadores registrados que habían comenzado a recuperarse en enero, antes de la pandemia, volvieron a caer. Y en septiembre de este año, “se ubicaron prácticamente al mismo nivel que en septiembre del año previo y 15,8% por debajo del promedio de 2015”. Los del sector público, aún peor: casi 25% menos de poder de compra respecto a 2015.
En el mismo informe, se muestra cómo los acuerdos paritarios cerraron a la baja respecto a la inflación. Detalle no menor es la preponderancia de acuerdos porcentuales de corto plazo, y pactos transitorios por sumas fijas.
El nivel de ingresos del sector asalariado muestra la disputa por la apropiación del excedente económico. Según la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, la recomposición salarial es el componente fundamental para la sostenibilidad del crecimiento como impulso de la demanda.
Pero no es lo que promueve el poder económico, que lejos de reinvertir utilidades está rosqueando y exigiendo la reforma laboral porque, como los impuestos, aducen que el salario resulta un costo, entendido como reducción de los márgenes de ganancias. Acostumbrados a ganar la mayor cantidad posible en menos tiempo cada vez, sería quimérico esperar que los grupos económicos pensaran la dinámica económica más allá del corto plazo.
Dicho esto, el crecimiento no garantiza la distribución, y el nivel de precios es una línea de cal para marcar la cancha fácticamente a los gobiernos de turno.
