La cita
“Los hombres de negocios deben respetar la elección que hizo el pueblo argentino al votar por este Gobierno, para avanzar con una visión de país que es diferente a la del macrismo”, fue la síntesis conceptual del ministro de Hacienda, Martín Guzmán, sobre lo que decantó de la reunión que mantuvo con los hombres más poderosos del país, agrupados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Sucede que indicar lo que se debe respetar deviene de lo que no se está respetando.
De hecho, AEA se fundó el 28 de mayo de 2002 con el objetivo de marcarle la cancha a los gobiernos. “Promover el desarrollo económico desde la visión del sector privado mediante un estado austero”, confiesa institucionalmente la página web. Las empresas que integran la asociación facturan 200.000 millones de pesos al año, exportan anualmente alrededor de 10.000 millones de dólares y emplean a 300.000 personas.
En el encuentro de una hora y media, el ministro de Economía recibió en su despacho a Jaime Campos, presidente de AEA, acompañado de una comitiva integrada por nombres claves: Paolo Rocca, de Techint; Héctor Magnetto, de Grupo Clarín; Carlos Miguens, del Grupo Miguens; Federico Braun, de La Anónima; Alfredo Coto, de Supermercados Coto; María Luisa Macchiavello, de Droguería del Sud; Alberto Grimoldi, de Grimoldi; y Enrique Cristofani, del Banco Santander.
En la cita, ninguno se refirió a Guzmán con los apodos habitualmente utilizados en conversaciones no tan privadas como el sector al que pertenecen: primero fue “ministro de la deuda”, para pasar a ser el “ministro del contado con liqui” y actualmente “señor 7” (en referencia a la cantidad de meses que llevaría un acuerdo con el FMI, cuya rúbrica piden todes).
La mano encima
A pesar de que el Gobierno cuenta en su haber con la reestructuración exitosa de una deuda impagable, las negociaciones con el FMI rumbeadas y el fiscalismo como bandera, del otro lado la confianza brilla por su ausencia. En voz de los principales referentes empresarios, todo se resuelve con algo mal definido como “consenso político”.
Quizá sea Paolo Rocca el más explícito dentro del círculo rojo cuando manifiesta su deseo de una devaluación brusca. Gracias a las corridas que volaron las cotizaciones paralelas, sea la bursátil o la ilegal, fueron muchos los dueños que impusieron sus condiciones: baja de retenciones, parate a la emisión monetaria, descongelamiento de tarifas y autorizaciones para subir el precio de los alimentos.
Con acceso a un tipo de cambio pisado por las restricciones al precio oficial, las empresas cancelaron más de 4.700 millones de dólares de deuda externa en el último año. La deuda externa del sector privado cerró el segundo trimestre de 2020 en 81.401 millones de dólares, y registró una caída trimestral de 2.739 millones. Según informó el Banco Central, las cancelaciones continuaron a lo largo del tercer trimestre de 2020. “La evolución de la deuda externa privada, desde principios del año 2016, mostró la misma evolución que la deuda pública, hasta alcanzar un nivel récord al cierre del tercer trimestre de 2019”, describe el documento sobre Deuda Externa Privada que elaboró la entidad que preside Miguel Pesce. El mismo texto asegura que los pasivos alcanzaron en el tercer trimestre de 2019 un récord 86.127 millones, por el incremento del financiamiento registrado a partir de 2017.
Por otra parte, los técnicos del edificio de Reconquista 266 redactaron en esa pieza que entre 2018 y octubre de 2019, la deuda externa privada total creció en 10.634 millones de dólares. Tamaña suba se debió, principalmente, al incremento de la deuda financiera, calculada en 7.662 millones. Los datos muestran que los dólares que consiguió el sector privado durante el gobierno de Mauricio Macri salieron carísimos para el conjunto de la población, y los devolvió a un costo muy bajo en beneficio propio. Mucho de esto explica la sangría de divisas.
El consenso político resulta, entonces, un amparo conceptual necesario para obtener todos los beneficios del Estado en favor de la porción más rica del territorio nacional. Para construir el amparo, se precisa despliegue y cabildeo para cerrar terminales empresarias en los tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, como así también la concreción de asiduas visitas a los funcionarios del establishment.
Así, las reuniones paralelas no institucionales que no se publican son frecuentes. Sergio Massa, diputado nacional, tiene su propio gabinete económico compuesto, entre otros, por Martin Redrado y Daniel Marx, ambos de formación académica, trayectoria política y aceptación en “los gremios de los dueños” de los rubros agrario, financiero e industrial, lo que los constituye como miembros de la más pura ortodoxia económica.
No resulta curioso que, pasados casi ocho meses, modificaciones, más de doce horas de debate, y casi siete decenas de oradores, el bloque de diputados oficialista consiguió recién ahora el apoyo necesario para la media sanción de la ley de aporte solidario y excepcional a las grandes fortunas, cuya letanía se explica por el lobby empresarial pero se expone como producto de las necesidades técnicas. Para colmo, aún se desconoce con precisión la cantidad de personas alcanzadas por este no tributo. Se espera un tratamiento rápido en la cámara alta y una cascada de medidas cautaleres que, al menos, retardarían todavía más su implementación.
Tu déficit, mi superávit
Resulta matemáticamente imposible bajar impuestos y, a la vez, sostener o subir los subsidios sobre los sectores productivos, mientras se intenta bajar el déficit fiscal. Pero, de todas maneras, es lo que se discute.
Los representantes del Fondo Monetario Internacional que arribaron hace una semana al país, Julie Kozack y Luis Cubeddu, les hicieron saber extraoficialmente a los tiburones del mercado que la misión va a por la cuestión del déficit como prioridad, sin poner sobre tablas, por el momento, un margen de devaluación. Desilusionados, los hombres de negocios aspiraban a que el organismo promoviera una suba de dólar aunque más no sea del 15%. Sin embargo, en esta vuelta, el organismo renueva un chascarrillo de larga data: “Is Mostly Fiscal” suelen explicar con ironía al FMI por sus siglas en inglés IMF, lo que significa dominancia de las metas fiscales por sobre todas las variables.
Las metas fiscales no son más que límites a las erogaciones del Estado, consideradas como gasto y no como inversión. No obstante, en lo fático, el Estado es irremplazable en su rol de impulsor y promotor del mercado. Allí radica un empresariado que no está dispuesto a prescindir de subsidios, exenciones impositivas y toda política que implique recursos públicos.
El 2020 va a cerrar con un déficit fiscal del 8 por ciento. Según el presupuesto previsto para el año entrante, el Gobierno nacional lo va a reducir a poco menos de la mitad. El mercado está exigiendo un ajuste que lo acerque a 3 puntos porcentuales. La tensión queda expuesta. De ahí que se riera el empresario cafetero Martin Cabrales, cuando se le preguntó en FM La Patriada sobre la posibilidad de que Guzmán sea el más ortodoxo de los heterodoxos.
