¿Estos quiénes son?, pregunta la gente
El Grupo de los Seis (G6) reúne a los referentes del campo, la construcción, la industria, los bancos nacionales, el mercado de capitales y el comercio. Es la mesa del círculo rojo del poder económico doméstico, donde se sienta la Sociedad Rural (SRA), la Cámara de la Construcción, la UIA, ADEBA, la Bolsa de Valores y la Cámara de Comercio.
La SRA se fundó en 1866 para representar a los grandes terratenientes. Su ideología liberal pregona la no intervención del Estado en la economía.
La creación de la CAC data de 1936. Pese a su aversión al Estado, sus necesidades de corto plazo y la limitación de sus acciones en la dimensión política redundan, paradójicamente, en demandas para fomentar la inversión en obra pública.
La UIA nació en 1887 para representar a los grandes intereses industriales. Desde sus orígenes, contiene a los sectores tradicionales y de la elite económica del país.
Al momento de su lanzamiento, contaba con 887 socios.
En 1972, emergió ADEBA, con el propósito de representar exclusivamente a los bancos de capital nacional, y contar con la fuerza para reaccionar frente a los intentos por nacionalizar el sistema bancario. Su capacidad de poder e influencia radica en manejar el capital líquido, herramienta clave para la desestabilización económica y financiera.
Por último, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Comercio no pertenecen a ningún sector específico, pero detentan una fuerte presencia en el escenario polítco. Es manifiesta su capacidad para presionar y negociar con el gobierno de turno y entablar relaciones con otros actores privados. El surgimiento de Bolsa de Comercio está fechado en 1854 y mantuvo vínculos fluidos con las otras entidades empresarias desde siempre sin generar tensiones, producto de erigirse por encima de los intereses sectoriales.
La Cámara Argentina de Comercio fue alumbrada en 1924 bajo el nombre de Cámara Argentina de Cultura, Comercio, Industria y Producción. Adoptó su denominación específica y definitiva en 1927. Desde sus albores, se caracterizó por ser una entidad representativa del interés general de los empresarios, con posicionamientos políticos liberales, en apoyo a la economía de mercado.
Los pronunciamientos firmados por el G6 son periódicos. Bajo el gobierno de Alberto Fernández, acompañaron públicamente el acuerdo con el FMI (cuya figura es una nueva toma crédito) por parte del entonces ministro de Economía, Martín Guzman, exigieron desde varios escenarios activar grandes obras de infraestructura y presentaron diversos informes con “recomendaciones” sobre política económica.
El pasado 6 de septiembre, se los vio a todos juntos en la convención anual de la Cámara de Comercio, cuyo presidente es Natalio Mario Grinman. Pasaron por allí representantes de los otros 5 sellos que agrupa esa media docena que luce como el todo. Lo curioso es que desde la Cámara se encargaron de destacar la presencia de la CGT aunque los que participaron fueron Gerardo “601” Martínez, secretario general de la UOCRA, y Andres Rodríguez, líder de UPCN. Ambos conducen los dos sindicatos más amigos del híbrido modelo neoliberal argentino.
Otros, más prudentes, preguntan dónde van
“En una democracia, donde el bien común debe primar sobre los intereses individuales, lo último que debería hacer una política pública es aumentar la pobreza o la desigualdad. La función de los Estados es precisamente desarrollar políticas públicas que enfrenten estos fenómenos y que aumenten y mejoren los derechos de la ciudadanía. Solo en un Estado capturado puede ocurrir lo contrario, solo en un Estado que privilegia a unos pocos frente a la mayoría de la población puede ocurrir que las políticas públicas reduzcan o limiten los derechos de la ciudadanía”, afirmá el trabajo Democracias Capturadas, publicado por Clacso bajo la dirección de Rosa Cañete Alonso.
Según uno de los últimos informes elaborados por el centro CIFRA-CTA, la participación de los asalariados en el total de la torta se redujo durante la gestión del Frente de Todos. El documento analiza el gobierno de Cambiemos, a partir de 2016, y la primera mitad de la gestión de la coalición oficialista. Muestra que entre los extremos 2016 y 2021 hay un incremento muy significativo en la participación relativa de los empresarios, de 7 puntos porcentuales, sobre el “valor agregado total”, que podría asociarse al PBI o la riqueza total del país. La porción de los empresarios pasó de representar el 40,2% de la torta al 47%.
En contraposición, la participación relativa de los asalariados registrados y no registrados desciende en casi 9 puntos: del 52% al 43%. La mayor pérdida se concretó durante el Gobierno actual, contribuyendo a un saldo final en el que la relación de fuerzas se invierte respecto de cómo estaba en 2016.
Si se suma en el cálculo a los cuentapropistas, que son el tercer universo del reparto, la caída de la participación de los trabajadores en su conjunto se mitiga un poco, dado que aquellos mejoraron su participación relativa en prácticamente dos puntos. Pasaron de 11,4% a 13,5%. Esto último se explica por los cambios del mercado de trabajo y el crecimiento de las formas de empleo autogestionado; de los técnicos o profesionales independientes a los choferes de Uber o los repartidores de apps de delivery.
La idea de “Democracia capturada” también es desarrolada por Ana Castellani, que profundiza sobre los procesos de caputra de las decisiones sobre las políticas públicas que definen la distribución de ingresos y garantizan el statu quo respecto a la riqueza. “El poder económico condiciona a los gobiernos y orienta en su propio beneficio el accionar del Estado, que pierde autonomía a la hora de formular e implementar políticas públicas”, explica Castellani, y agrega: “el vínculo que se establece entre elites económicas y políticas presenta enormes desafíos para las democracias del siglo XXI. El poder económico cuenta cada vez con más recursos para condicionar a los gobiernos y orientar en su propio beneficio el accionar del Estado, generando una distorsión de la democracia derivada de las fuertes asimetrías en la capacidad de influencia de los ciudadanos y las organizaciones en la toma de decisiones. Esto deriva en un proceso de captura de la democracia, entendido como la pérdida de autonomía del Estado a la hora de formular e implementar políticas públicas que paradójicamente se legitima en elecciones libres”.
Esta académica es una de las que estudió con más detalle al empresariado local. “Los grandes empresarios pueden presionar a nivel económico-estructural, a través de las decisiones de inversión que encaran en sus firmas, o bien a nivel político-instrumental, a través de acciones de lobby, financiamiento de campañas electorales, construcción de agenda pública, o directamente colonizando áreas estratégicas del entramado estatal. Y esto es así desde hace muchas décadas, con gobiernos más o menos receptivos a sus reclamos”, argumenta.
Sin embargo, uno de los titulares del G6 contó a este medio que “no siempre se llega a un síntesis”. “Es más fácil cuanto más claro sea el antagonista: en gobiernos mas complejos, como este, cuesta más ponernos de acuerdo”, concluyó.
