Por Bruno Fornillo, Andrea Calderón, Melisa Argento y Cecilia Anigstein*
No son pocos quienes sostienen que la crisis de deuda y la restricción de dólares en Argentina no admite una salida soberana y que el cumplimiento del programa impuesto por el FMI es obligatorio. Alrededor de esta máxima se organizan hoy todos los actores que son factores de poder en el escenario nacional. Las políticas productivas y distributivas se encuentran absolutamente subordinadas a este lineamiento único. Por un lado, ajuste fiscal para saciar al FMI. Por el otro, ventajas e incentivos de todo tipo son la carnada para atraer inversión extranjera con el fin de montar enclaves exportadores. En el medio, un pasillo angosto que marca límites estrechos. Un margen de movimiento muy acotado para concebir un vector de desarrollo con justicia social y ambiental, control público y democrático de los recursos estratégicos y la tecnología.
Se proyecta un modelo primario exportador presuntamente diversificado en una canasta compuesta básicamente por soja, gas y litio. Esto es: agricultura extensiva de base química, extracción de hidrocarburos no convencionales y minería a gran escala, tres actividades capital-intensivas, que combinan altos niveles de concentración y extranjerización con una limitada capacidad de generación de puestos de trabajo y un impacto territorial y socioambiental enorme.
La imagen se vuelve más nítida cuando el lente se aleja para observar el contexto global. La pandemia y la guerra en Ucrania marcaron una inflexión en la tensión interimperial, con la vuelta de los conflictos bélicos interestatales, desactivados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El escenario en el que se desarrollan estos acontecimientos es el de una transición energética global, traccionada por dos factores combinados: agotamiento de los combustibles fósiles y crisis socio ecológica.
Una de las cuestiones más gravitantes de esta transición es la reconversión de la industria automotriz y autopartista hacia la movilidad eléctrica. En el corazón de esta reconversión, se produce una diputa geopolítica por el liderazgo y el control de los principales eslabones de la cadena global: la producción de baterías de Ion litio, sector clave en el que China es el principal jugador y, aguas arriba, la extracción de cobre, cobalto y, particularmente, litio, donde Suramérica (con foco en el triángulo del litio, pero no únicamente) se posiciona como principal cantera para abastecer una demanda cuya acelerada expansión disparó el precio de estos minerales, recrudeció la competencia corporativa y de las principales potencias por el control de los recursos. Según datos de IEA (2021), se estima que un vehículo eléctrico típico requiere seis veces más minerales que uno convencional. La fabricación de un vehículo eléctrico demanda 8.9 kilogramos de litio (los vehículos convencionales no utilizan este mineral para su fabricación).
Por esto, Bolivia, Chile y Argentina son fichas de ajedrez para la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson. En una aparición pública, señaló la importancia estratégica del triángulo del litio y afirmó que los chinos y los rusos están en América Latina para “socavar a Estados Unidos y a las democracias locales”. Un botón de muestra que permite argumentar, sin recaer en exageraciones extemporáneas, que la región, y en ella, Argentina, es francamente un terreno donde se dirime la nueva guerra fría.
De este lado, se vislumbran estrategias defensivas que buscan contrarrestar la presión del capital transnacional y la injerencia de las principales potencias en los países. Bolivia es el caso más emblemático. El litio es considerado un recurso estratégico y el Estado controla la totalidad de los salares (Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes). En Chile, las empresas privadas que extraen litio tributan al Estado el 40% del precio de venta y están obligadas a transferir 50 millones de dólares por año para investigación y compensación a comunidades afectadas. Además, el 25% del litio extraído debe colocarse en el mercado local a precio preferencial. Inclusive en México, en vistas del descubrimiento de importantes reservas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo declaró recurso estratégico, frenó el otorgamiento de concesiones a privados y creó una empresa pública nacional.
Pero Argentina camina a contramano de estas iniciativas. Es el país con menor control y apropiación pública de la renta minera asociada a la explotación del litio. Conforme el Código Minero nacional, las empresas privadas nacionales o extranjeras pueden adquirir mediante concesiones provinciales a perpetuidad, y prácticamente sin condiciones, yacimientos públicos de litio. Cuentan asimismo con ventajas y beneficios extraordinarios, otorgados por la Ley de Inversiones Mineras sancionada en los años noventa: estabilidad fiscal por 30 años y régimen de regalías provinciales con un techo del 3% del valor bocamina declarado por las mismas empresas, junto a una serie de exenciones impositivas que hacen de la extracción de litio en Argentina un negocio de bajísimo riesgo y altísima rentabilidad.
Desde el punto de vista de la renta captada por los Estados nacionales por la explotación de un bien común estratégico, el contraste entre la situación de Bolivia, Chile y Argentina es notable. Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) proyecta ingresos de 70 millones U$D para el Estado en 2022 por 18.700 toneladas de KCl y 400 toneladas de carbonato de litio (ABI, 2022). En Chile, además del esquema de transferencias ya descripto, solo la empresa SQM -que opera en el Salar de Atacama- pagó al Estado chileno 2198 millones de dólares en la primera mitad de 2022 (SQM, 2022). En la Argentina, el acceso a información sobre la tributación de las empresas se encuentra muy limitado. Según una estimación realizada por CEPAL, para el 2020 el Estado recaudó apenas 12,1 millones de dólares por la exportación de litio (Jorratt, 2021).
A pesar de y debido a esta normativa permisiva e hiper-ventajosa para el capital minero transnacional, la Dirección General de Aduanas denunció por subfacturación a la empresa norteamericana Livent, que extrae litio del Salar de Hombre Muerto en Catamarca desde 1997. Livent burló los controles públicos para disminuir aún más los tributos al Estado provincial en calidad de regalías. Solo entre 2018 y 2019 registró más de 400 ventas con precios de hasta un 121% por debajo de las demás compañías exportadoras de litio del mundo. Y hace 25 años que está operando en el país.
Otro capítulo del litio en el país se vincula con la capacidad de la minería en general, y del litio en particular, para generar nuevos empleos de calidad. Una promesa que interpela tanto a gobiernos locales y subnacionales como a sindicatos. Acá aparecen verdades a medias. O, mejor dicho, cierta tendencia observable en los informes sectoriales producidos por las carteras ministeriales que fuerzan los datos a fin de confirmar que la instalación de enclaves extranjeros mineros es altamente beneficiosa para las y los trabajadores del sector y las comunidades.
Apúntense dos cuestiones. La primera de ellas es que la minería a gran escala, y en particular la minería del litio en salares, no traccionan de manera significativa el empleo registrado en el sector minero a nivel nacional, ni tampoco el empleo registrado en general en las provincias donde se desarrolla. Según los datos publicados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo nacional, en enero de 2022 el empleo privado registrado en sector de minas y canteras (que incluye tanto minería como hidrocarburos) representó tan solo el 1.3% del empleo registrado privado nacional, con 83.400 puestos de trabajo. Y es destacable que desde 2009 a esta parte, la dinámica del sector no es expansiva, sino que muestra una curva visiblemente amesetada. Una dinámica similar se observa en las curvas del empleo privado registrado en provincias mineras del noroeste argentino. Tomado el caso de Catamarca como globo de ensayo de la mega minería metalífera y del litio desde los 90’, la recientemente cerrada Bajo La Alumbrera en la localidad de Belén y Livent en el Salar del Hombre Muerto (localidad de Antofagasta de la Sierra) han sido proyectos pioneros de referencia a nivel nacional. Allí la minería lidera las exportaciones, es cierto, pero no pasa lo mismo con el dinamismo del empleo.
Lejos de generar oportunidades de puestos de trabajo con ingresos y condiciones laborales dignas, lo que se observa en Catamarca -luego de más de dos décadas de minería a gran escala- es que el sector con mayor peso en el empleo es la economía popular. Según datos provenientes de RENATEP, en febrero de 2022 ya se habían inscripto voluntariamente 38.385 habitantes de esta provincia como trabajadoras/es de la economía popular. Para ese mismo mes, según la información publicada por OEDE MTEySS, los trabajadores/as del sector privado registrado, cotizantes del sistema de seguridad social en Catamarca, fueron 30400.
En cuanto al dinamismo del empleo registrado y reconocido por las empresas en el sector minero, se observa un mayor peso de la minería metalífera, que alcanzó su nivel más alto en 2014. A partir de ese año y hasta 2020, se advierte una pronunciada caída que supuso la destrucción de al menos 1500 puestos trabajo (probablemente vinculada con el cierre de Bajo La Alumbrera). El rebote de 2021 implicó una leve recuperación del sector metalífero por el avance en nuevos proyectos, pero muy por debajo de los niveles previos a 2019. En lo que respecta al empleo en la minería de litio, se observa una tendencia levemente ascendente a lo largo de los últimos 15 años. No obstante, muy limitada: se habla de alrededor de 350 trabajadores/as en toda la provincia en 2022, y de menos de 2000 a nivel nacional.
La segunda cuestión que interesa discutir es la calidad de los empleos creados por la minería. En el sector, los convenios colectivos de trabajo son a nivel empresa, más precisamente a nivel proyecto. Hay un dato curioso. Los convenios mineros establecen explícitamente una lista larguísima de exclusiones de personal que no se desempeñaría en “tareas específicas”, pero que sin duda tienen como lugar de trabajo las plantas, yacimientos y campamentos mineros. Un claro indicio de una extensa y compleja trama de tercerización y subcontratación (engañosamente presentada como empleo indirecto) que permite a las mineras bajar costos laborales y eludir sus responsabilidades como empleadoras. Del lado de los laburantes, esto se traduce en lugares de trabajo donde reina la segregación y la desigualdad. En los últimos años, en Catamarca la conflictividad laboral minera es protagonizada principalmente por trabajadores de la minería representados por el sindicato de la construcción, UOCRA. De manera que los altos salarios y las condiciones generales de trabajo fijadas por los convenios entre las empresas mineras y el sindicato del sector, AOMA, no son de ninguna manera generalizables al conjunto de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en las minas, o que dependen de esta.
El caso de lítifera Livent (Minera del Altiplano en su filial local), nuevamente, ilustra estas afirmaciones. Se infiere que hay alrededor de 300 trabajadores/as de la Minera del Altiplano alcanzados por el convenio colectivo firmado entre AOMA y la empresa, que gozan de todos los beneficios y entre los cuales se destacan altos salarios, un comité mixto de seguridad e higiene o la posibilidad de ser trasladados por transporte aéreo, entre otros. Mientras que un número indeterminado, pero para nada menor, de trabajadores/as que se desempeñan en el proyecto en tareas de transporte, mantenimiento, construcción, limpieza, seguridad y comedores, queda excluido de estos beneficios, con salarios y condiciones laborales muy por debajo de los estándares que adquieren los trabajadores reconocidos por la empresa -en una actividad que se desarrolla en condiciones extremas que implican altísimos riesgos para salud y la seguridad de su personal-.
En definitiva, el escenario actual en Argentina combina la persistencia de un marco normativo neoliberal ampliamente beneficioso para el capital transnacional, que junto con el esquema de provincialización implantando por la reforma constitucional de 1994 opera como una barrera para el control soberano por parte del Estado. Esto tiene consecuencias en varios planos:
- La minería del litio no es actualmente una fuente relevante de renta para el Estado argentino, que mantiene una relación de subordinación con los principales jugadores privados del sector. Y se alude al Estado en sus distintos niveles, habida cuenta del carácter notoriamente asimétrico entre gobiernos municipales / provinciales y grandes corporaciones mineras. Configuran un falso federalismo, que se traduce en fragmentación y debilidad, terreno fértil para la impunidad corporativa que cuenta con la colaboración de las élites económicas provinciales que controlan los resortes institucionales.
- Esto se aplica a su vez al desarrollo tecnológico. Se observa un preocupante desacople y desvinculación entre las capacidades del sistema científico y tecnológico nacional (por cierto sustantivas) con el ámbito productivo privado. Algo que viene siendo señalado con insistencia desde el Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio.
- La extracción del litio en tanto economía de enclave transnacional, capital intensiva y desregulada, tiene una capacidad muy limitada para generar nuevos empleos y para dinamizar las economías regionales. La tercerización y subcontratación descontrolada, combinada con la negociación colectiva por empresa, facilitan el fraude y la precarización laboral. En las provincias mineras se agudiza la desigualdad y el deterioro de los mercados de trabajo. Los beneficios de la minería alcanzan solo a unos pocos.
- Como consecuencia, se observa un sistemático desconocimiento de los derechos de las comunidades y poblaciones locales, que no cuentan con canales genuinos de participación democrática. Con bastante frecuencia, ante la irrupción de protestas por el agua y en defensa de los territorios, son perseguidos y reprimidos por las autoridades y fuerzas de seguridad.
- No menos importante es el impacto ambiental de la actividad minera, especialmente cuando el control y la rendición de cuentas recae en las propias empresas, frente a un Estado que parece renunciar a una de sus funciones fundamentales.
Entremedio, las capacidades soberanas se evaporan como el agua de los salares.
*Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes (GyBC)
