Por Esteban Rodríguez Alzueta*
El último discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la ciudad de La Plata dejó un sabor amargo, por lo menos a aquellos que trabajan los temas de seguridad. Pocas fueron las veces que dedicó espacio para hablar de la “seguridad”, siempre fue un tema que abordaba entre bambalinas. En ese sentido, fue un discurso inédito y con algunas sorpresas.
Como no quiero apelar al habitual pesimismo preventivo, prefiero ensayar una interpretación que me convenza. No se trata de escuchar lo que queremos oír sino de disputar sentidos que no estamos escuchando claramente. Al fin y al cabo, la ex Presidenta estaba invitando a debatir con seriedad la seguridad. Sus palabras ya están en el éter, no se las puede ignorar y hay que llenarlas de sentido, un sentido que esté más cerca de lo que pensamos nosotros.
La seguridad es uno de los temas preferidos de la derecha, no solo a la hora de gobernar sino cuando le toca ser oposición, más aún en vísperas de cada elección. Es aquí cuando promete más policías a cambio de votos, más penas, más cárcel.
Está visto que la campaña arrancó muy temprano y, si entre los candidatos se encuentran alistados Bullrich, Ritondo y Cornejo, es de esperar que la seguridad se convierta en uno de los temas principales. La invitación a debatir la seguridad es un llamado a no regalarle a la derecha la agenda securitaria porque se va a llenar con otros contenidos, otras recetas, otras fórmulas y otras sensibilidades. Hay que levantar este tema y hacerlo sin contarse cuentos. Esto es, me parece, lo primero que nos dijo CFK en su discurso.
Ahora bien, cuando miramos la seguridad con las experiencias previas del Frente de Todos (FdT), la verdad que tampoco tenemos muy claro de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Porque las gestiones progresistas han pendulado entre el progresismo y el punitivismo, jugando roles distintos por turnos, alternativa o simultáneamente, incluso dentro de cada gestión. Basta mirar la performance de Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires, la de Marcelo Sain en Santa Fe o la de Aníbal Fernández ahora en la Nación. Son todas gestiones que trajeron mucha confusión a la militancia, que contribuyeron a desencantarla.
En efecto, vista la seguridad con estas gestiones no hay mucha diferencia entre las derechas y los progresismos. Al fin y al cabo, la población encarcelada no ha cesado de aumentar exponencialmente en los últimos 20 años, tampoco los delitos violentos, y las economías ilegales. Cambian los gobiernos y cada vez hay más policías, con más facultades discrecionales, más tecnología a disposición, haciendo operativos de saturación policial y allanamientos masivos con técnicas no-Knock o quick-Knock. Basta mirar los spots publicitarios filmados en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Axel Kicillof, promocionando a las UTOI, para entender la invitación de CFK a discutir la “en serio” la seguridad. Insisto, ¿en qué estamos pensando cuando hablamos de seguridad democrática? Tantas gestiones tenemos en nuestro haber y todavía seguimos bastantes perdidos.
No es nuestra intención repasar ahora cada uno de los ítems que debería tener esa nueva agenda. Es un debate urgente, pero llevará tiempo. Aunque esta vez conviene no subestimarlo, ya no se podrá resolver cargándolo a la cuenta de los especialistas o los ex funcionarios con experiencia. Ninguno ha dado en la tecla. Lo importante a tener en cuenta es que cualquier agenda que construyamos estará atada a un acuerdo político que garantice un acuerdo social. El tamaño y la complejidad de la conflictividad social urbana requiere de una intervención articulada y creativa, no solo entre los distintos poderes, o entre los gobiernos provinciales, con el gobierno federal y los gobiernos locales, sino también entre las distintas agencias del mismo Poder Ejecutivo, atrapadas en internas que profundizan las lógicas ministeriales que ralentizan y compartimentan las intervenciones. Es decir, cualquier agenda necesitará tiempo, incluso mucho tiempo. Y si no podemos celebrar estos acuerdos previos, nadie podrá salir del “bacheo policial”, los intendentes y ministros de seguridad –no importa en la escudería que reporten- seguirán tapando agujeros, y haciendo “seguridad” con la tapa de los diarios, remando cada acontecimiento que conmueve a la opinión pública con cámaras de vigilancia, repartiendo botones antipánico, organizando corredores seguros, desplazando policías según el mapa caliente del delito callejero. Cada nueva gestión estará en el grado cero y hará borrón y cuenta nueva. Nada se mantiene en el tiempo, todo muta, pero la cámara de fotos pasará a otras manos para seguir dedicándose a la fotocracia.
Por eso, el debate de la seguridad hay que leerlo al lado de la urgencia de un acuerdo, que es –dicho sea de paso- un tema sobre el que CFK viene insistiendo desde hace varios discursos. Entonces, además de debatir seriamente, se necesita un nuevo acuerdo democrático, ya no solo entre las fuerzas progresistas, sino entre todo el arco político, cuanto más amplio tanto mejor.
Tercera cuestión: ese acuerdo político es una manera de convalidar el gobierno civil de las fuerzas de seguridad. Si la dirigencia política pudo contra los militares, ¿cómo no va a poder contra las policías? Acá, me parece, la Vicepresidenta no está hablando de la corporativización de las agencias de seguridad sino de la existencia de pequeños grupos de policías que no están encuadrándose. Las policías se han ido desmadrando en los últimos años. Hablamos de sectores de las policías que operan al margen del esquema de recaudación tradicional, pero que cuentan con la protección de fiscales y jueces. Hace rato que la policía dejó de ser un Leviatán azul, el doble pacto se rompió. La policía de Kloczyk, esa policía verticalizada que organizó alguna vez Duhalde para la provincia de Buenos Aires, no existe más, se ha ido fragmentando. Quiero decir, no ordena, sino que introduce caos, tiene cada vez más dificultades para regular los ilegalismos plebeyos, para detener las violencias. Esto es algo que se puede ver en Santa Fe y en algunos distritos del conurbano bonaerense.
Y finalmente, la cuarta cuestión: la apelación que CFK hizo de la Gendarmería. ¿Queremos saber qué está haciendo la Gendarmería? El reclamo sonó a “pase de facturas”. Ya no basta con que las fuerzas federales “no hagan ruido”, no le generen barullo al resto del gabinete. Con el paso de las semanas, iremos viendo la onda expansiva de este fragmento del discurso.
Pero el reclamo de Gendarmería de CFK es el reclamo de muchos intendentes que ven que tienen que hacerse cargo de la prevención en sus territorios, mientras la Bonaerense, o sectores de ella, algunas Comisarías y las Departamentales, al desentenderse de esta tarea, tienen las manos libres para hacer lo que quieren hacer: dedicarse a regular los mercados ilegales y, esta vez, hacerlo por cuenta propia.
Eso por un lado, porque por el otro, la Gendarmería es el reclamo también de mucha gente. No hay que perder de vista el desprestigio que arrastra la Bonaerense o la Santafesina en general. La sociedad no confía en la policía y los funcionarios insisten en compensar la desconfianza social con la autoridad policial, creyendo que basta con reponer la autoridad, que alcanza con acompañar a las policías con posiciones autoritarias, marciales o matonas. Y esto, lejos de llevar tranquilidad termina agregando más problemas a los barrios. De allí la importancia de bajar la Gendarmería al territorio, una agencia que llega con otro prestigio, pero también con muchas dudas.
Acá quisiera hacer la siguiente aclaración: el modelo no es Aníbal Fernández sino Nilda Garré, es decir, no es El Plan Centinela, sino Cinturón Sur. Cuando Garré emplazó a la Gendarmería en la Ciudad de Buenos Aires lo hizo al mismo tiempo con las Mesas Barriales, participando a la comunidad organizada en los debates sobre la seguridad. Es decir, hay que bajar a los gendarmes, pero empoderando a las organizaciones sociales para que controlen su labor cotidiana. De lo contrario vamos a encontrar reproducidas muchas escenas de hostigamiento como las que vivimos durante el Plan Centinela.
Como sea, tenemos mucho por debatir y revisar, afuera y adentro de cada espacio. Un debate, está claro, que no se va saldar en coyunturas polarizadas. Pero todos estamos enterados que la realidad no va a esperar a la política, todos sabemos que la política no puede pelease con la realidad. Cuando nos quedamos sin palabras o las palabras no salen, no alcanzan, no traducen los problemas de la sociedad, la gente empieza a tomar las cosas por mano propia.
*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Vecinocracia: olfato social y linchamientos, La máquina de la inseguridad, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.
