*Por Pablo Dipierri.
El desaguisado del Poder Judicial como brazo jurídico de la conducción política del poder económico no se limita a
la discusión sobre los traslados por decreto de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, durante el gobierno de Mauricio Macri. Entre la admisión del per saltum y la posterior deliberación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el fallo de Alejo Ramos Padilla sobre la red de espionaje paraestatal integrada por el fiscal Carlos Stornelli, el periodista Daniel Santoro y el histriónico agente Marcelo D’Alessio, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) tajeó brutalmente los códigos procesales en materia Civil y Penal con la admisión de la queja de Gabriel Levinas y Luis Chocobar, elevada a través de sus respectivos representantes legales, para que sus casos se diriman en la jurisdicción porteña ante los sucesivos reveses cosechados en juzgados nacionales.
Casi como una especie de fórum shopping territorial, Levinas logró que los magistrados Inés Weinberg, Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi se autoproclamaran tribunal de alzada de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, desconociendo la ley que garantiza los intereses del Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aires, popularmente conocida como “Ley Cafiero”. Imponiéndose los cuatro contra una, a raíz del voto negativo de su par Alicia Ruiz, los supremos locales se adjudicaron facultad revisora sobre las resoluciones de jueces de otra esfera al concederle el pedido al periodista que se resiste a pagarle a los hijos del fallecido artista León Ferrari el valor de las piezas que vendió en una exposición en Europa años ha.
Similar es la situación a la que accedió el policía acusado de gatillo fácil, cuyos abogados Luis Cevasco y Fernando Soto obtuvieron igual consideración en cuanto al recurso de inconstitucionalidad aunque denegaran luego el tratamiento de lo que sus defensores reclamaban.
“Independientemente de lo que resuelvan, el TSJ se autopercibe ‘superior’ ante las cámaras nacionales ordinarias”, explica una fuente que fatiga pasillos judiciales a Realidad en Aumento. La figura de superior común surge de un fallo de la Corte Suprema, emitido el 4 de abril de 2019, con el voto de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y
Horacio Rosatti. El trío que Clarín y La Nación denominan “mayoría peronista”, merced al ingenioso gorilismo del ex ministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano, dictaminó entonces que ya no intervendría en la resolución de los conflictos de competencia entre los jueces nacionales y los jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una causa derivada de una riña entre más de dos personas en el ámbito de la Capital Federal.
Más allá de las apelaciones a la autonomía porteña y la Constitución de 1994, lo llamativo a la luz de los últimos actos del palacio de Talcahuano y Lavalle es que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia. Según consigna el Centro de Información Judicial (CIJ), “consideró que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA no es el ‘órgano superior jerárquico común’ que deba resolver el conflicto de competencia entre un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires y un tribunal de la justicia nacional con competencia ordinaria”.
La paradoja más cruel de esta reyerta estriba en que sólo el distrito porteño cuenta en su herramental jurídico con el recurso de inconstitucionalidad. Su diseño se adjudica al ex ministro de la Corte y reconocido jurista mientras fuera legislador por el Frepaso, Raúl Zaffaroni. Que ese rulo del derecho fuese ideado para atención de demandas urgentes -como violaciones a los derechos humanos ahora se invoque para salvaguardar intereses de estafadores o uniformados de incontenible pulsión tanática vale como colmo de los disparates.
El algoritmo judicial
Levinas había sido condenado a rendir cuenta documentada a los herederos de Ferrari, por la desaparición de 11 obras que el pintor entregó al periodista para una exposición en París, y que el otrora columnista de los programas de Jorge Lanata vendió sin pagárselas a su autor. Con las instancias agotadas en el fuero Civil, y con un recurso de queja tramitando ante la CSJN, se presentó ante el TSJ solicitando su intervención.
El escrito ingresó mientras el fiscal general Martín Ocampo ocupaba el cargo de Ministro de Seguridad de la Ciudad y la adjuntía estaba en manos de Juan Corvalán, quien en su dictamen sostuviera que correspondía rechazar la pretensión. Sin embargo, el trader estético volvió a presentarse argumentando, de manera similar a Bruglia, Bertuzzi y Castelli al pedir su , que en el expediente original se estaría ejecutando la condena y necesitaba una resolución urgente. Así, el
cuarteto de Cerrito 760 modificó de manera jurisprudencial todo el sistema del Derecho Procesal en materia Civil, que es regido por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y alteró la estructura institucional el sistema de justicia.
No obstante, un magistrado que le dio sendos dolores de cabeza al Pro le dijo en off a este medio que si bien “en los
últimos meses se instaló una discusión judicial sobre cuál es el máximo tribunal local en la CABA para saber cuándo se puede acceder a la Corte (agotando la máxima jerarquía local de revisión), no hay acuerdos y, en general, las cámaras nacionales rechazan la idea de que el TSJ pueda revisar sus sentencias”. “En ese marco se han dado algunos casos en los
que se intentó acceder al TSJ -y, por cierto, los abogados de Chocobar tienen mucha expectativa en que en ese tribunal su postura podrá ser bien recibida- pero el recorrido es largo e incierto”, completó.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo actualmente de Juan Bautista Mahiques, respondieron a la consulta de Realidad en Aumento con los fundamentos del “fallo Bazán” mentado antes en este artículo, señalando la demora de los sucesivos gobiernos distritales y federales, como así también a las distintas composiciones parlamentarias,
en darle cabal cumplimiento a lo dispuesto en la última reforma constitucional. Sin embargo, en fojas 6 de la recomendación que Mahiques envía al TSJ para que acepte el reclamo de Chocobar reconoce que esa decisión de
los supremos “se circunscribe solo al caso en que fue dictada y se proyecta a los demás casos de su misma especie” y, utilizando la primera persona, reconoce: “esa delimitación fue señalada expresamente por el Ministerio Público Fiscal antes de mi asunción en el cargo que ocupo”. El funcionario que explicó la postura del fiscal desde el anonimato apeló a un argumento lacónico como justificación: “nosotros creímos que había que cambiar de opinión”, sostuvo.
Galardones jurídicos y gran elenco
La maniobra merece un premio en alguna cátedra universitaria donde se dicte la carrera de Derecho. La llaneza con que una fiscalía nutrida por agentes del mismo palo político defiende los vaivenes y las incongruencias alimenta las sospechas. “Chocobar tendría más chances de salvarse en el TSJ que en un tribunal nacional”, deslizan desde el peronismo porteño.
No es casualidad que Cevasco, uno de los representantes letrados del policía que mató por la espalda y en plena
huida a un ladrón en La Boca hace 3 años y fuera recibido con honores en Casa Rosada por Mauricio Macri, haya sido fiscal general adjunto en materia Penal, Contravencional y de Faltas en la Ciudad desde 2002. Junto con Garavano y el propio Mahiques, el ebanista del planteo para que el efectivo del policía local de Avellaneda sea juzgado en un juicio por jurados militó en “Unidos por la Justicia”, una ONG que fundaron el ex diputado Francisco De Narváez, su traductor ideológico Gustavo Ferrari y el ex ministro de Justicia, cuya página web personal (GermanGaravano.com) aparece
hipervinculada entre los links recomendados al pie de la portada de UnidosJusticia.org, al lado de Fundación Konrad Adenauer. El problema de Justicia Legítima, como se ve, no era la militancia sino los sponsors.
Si para muestra vale un botón, el periodista Werner Pertot publicó el 5 de julio de 2010 una nota en Página 12 que mostraba cómo la ONG macrista brindaba “asesoramiento jurídico al programa Ciudadanía Porteña del Ministerio de Desarrollo Social, por lo que cobró 75 mil pesos en 2007 y 225 mil en 2008”.
Aunque la gestión PRO se negó a informar al diario cuánto recibió en 2009, según tipeó Pertot, “un informe de la Auditoría General de la Ciudad reveló que la ONG discriminaba a personas que requerían el plan alimentario y no actuaba ante denuncias de mujeres golpeadas (a algunas les llegaron a recomendar que ‘convencieran’ a su pareja de firmar los papeles requeridos)”. Aunque Desarrollo Social finalizó el convenio, en el mismo informe del matutino porteño
se advierte que “en 2009 se firmó uno nuevo con el Ministerio de Desarrollo Urbano, por el que cobraron, a comienzos de 2010, 150 mil pesos”.
Outfit de toga y de facto
El berenjenal descripto no encuentra otra explicación que la enunciada por Mariano Fiorito en el portal del Sistema Argentino de Información Jurídica, un organismo dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación cuya misión es “promover una forma de justicia abierta, cercana y transparente”. En un documento publicado el pasado 5 de octubre, el autor se pregunta cómo debiera interpretarse la resolución del TSJ sobre el caso Levinas. “¿Como una exhortación más a los poderes políticos para agilizar el referido traspaso o como una puesta en marcha del traspaso ‘de oficio’, que en los hechos afianza la autoridad del Tribunal para decidir como última
instancia en las causas que tramitan en el fuero nacional?”, inquiere.
Fiorito arriesga que “de la lectura del fallo no surge una exhortación directa a las autoridades correspondientes a realizar o agilizar cuestiones referidas al traspaso de competencia”. “En cambio, el TSJ determina su propia competencia y autoridad, llevando adelante una función que pareciera no le es propia, al interpretar que el estado actual de las tratativas, con el derecho constitucional de la Ciudad reconocido por la CSJN y los poderes políticos, permiten al TSJ
avocarse al conocimiento de las causas que deberían llegar a él una vez perfeccionada la reforma, que implica además el traspaso de las estructuras del Poder Judicial Nacional, junto con sus empleados y funcionarios, al ámbito de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires”, aclara.
El problema no es menor porque, bajo ese razonamiento, el país asistiría a los umbrales de la legislación por parte de los jueces ante la demora o la impotencia de los representantes electos por el voto popular. Y como si fuera poco, existe
la posibilidad de que los más curtidos tuerzan el itinerario de causas calientes, más allá de Levinas y Chocobar, hacia tribunales on demand.
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