Indicaciones oficialistas, resistencia sistémica del Lawfare y dificultades para el relato mediático sobre las fricciones con el Poder Judicial. La misión de Soria y los casos de Hornos, Ercolini y Borinsky.
En 1930, Sigmund Freud publicó “El malestar de la cultura” y terminó de sacudirle la modorra a la burguesía que añoraba la belle époque anterior a la Primera Guerra Mundial y miraba atónita los efectos del crack de 1929. Sin anestesia, el neurólogo austríaco hundía todavía más el cuchillo para decirles a sus seguidores que a cada paso creaban esferas de sentido que soterraban las pulsiones, convirtiéndolas en sentimiento de culpa.
Si el lector concediera una cuota de licencia y otra de indulgencia, valdría la pena tender al Poder Judicial sobre los jergones de este esquema teórico y preguntarse si la tríada entre cultura, pulsiones y culpas equivaldría a justicia, política y disciplinamiento. Más allá del atrevimiento y la irreverencia de este cronista, la constelación mediática del star system alega que el Lawfare no existe o es, paradójicamente, más viejo que la injusticia y es bajo ese prisma que conviene solicitarle a Freud sus hipótesis sobre la sociedad de su tiempo para desmadejar el ovillo de la incomodidad actual.
Piedra libre a la impudicia
El vía crucis tribunalicio de los últimos días incluyó nuevos martirios para los actores de la mesa judicial macrista: entre el pedido del ex secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, para que se obturen las actuaciones del fiscal Franco Picardi sobre el registro de las visitas que ingresaban a Casa Rosada y Olivos durante el mandato cambiemita y la revelación del portal El Destape sobre las partidas de paddle del juez Mariano Borinsky con el ex presidente Mauricio Macri, se pudre la estrategia de negación y merman las posibilidades de mitigación de daños. Un ex ministro del gabinete conducido por el otrora premier Marcos Peña le dijo a Realidad en Aumento, antes de que se volcaran las ollas de los contertulios en la quinta presidencial, que “no había tal cosa como una mesa judicial o, en todo caso, había mesas de coordinación para distintos temas”. Ante la repregunta acerca de si esas mesas de coordinación abordaban el derrotero de las causas judiciales que involucraban a ex funcionarios kirchneristas, al interlocutor se le soltó la lengua y contó que, en una ocasión, el por entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le envió un mensaje de WhatsApp al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, para invitarlo a tomar un café. “¿Con qué propósito?”, habría sido la inquietud que portaba la respuesta al referente desarrollista, quien volvió a la carga con candidez: “para conocernos”. La negativa ulterior del magistrado era relatada como prueba irrefutable de la inexistencia de connivencia entre el Ejecutivo y los juzgados.
Los documentos que prueban sistemáticos ingresos de jueces como Borinsky y Gustavo Hornos desmontan el blindaje que pretende erigirse desde las corporaciones periodísticas asociadas a Juntos por el Cambio (JXC), toda vez que habilitan conjeturas sobre la incidencia política de esos encuentros con el mismísimo Macri o alguno de sus colaboradores en los itinerarios que tomaban las causas judiciales horas después de cada cita. Aunque la prensa que escribe las partituras de la oposición al gobierno del Frente de Todos acuse ahora al oficialismo de incurrir en los avasallamientos legales que cuestiona, el lawfare es, por definición, la relajación o violación de la arquitectura jurídica o la tensión sobre sus vigas para forzar interpretaciones que amedrenten o procedimientos que terminen en el encarcelamiento de los actores políticos que no se allanen al cumplimiento de los deseos de los grupos económicos concentrados.
Por más inhibiciones que pesen sobre la coalición gobernante, una cosa es la impugnación del desempeño de la familia judicial mediante crítica pública o iniciativas contempladas por la Carta Magna y otra muy distinta es la persecución de dirigentes políticos a partir de una estrategia diseñada en Balcarce 50, desplegada en Comodoro Py y propalada en el prime time televisivo. La saña con la que se movieron y las estructuras que el macrismo inventó o potenció resisten, más o menos silenciosamente, en las sombras. No parece que una política conciliadora vaya a erradicarlas.
Hojas de ruta política
Lejos de la hiperbólica reacción de los emporios mediáticos por el exabrupto del diputado Rodolfo Tailhade contra el columnista del diario La Nación Joaquín Morales Solá, la verdadera preocupación del empresariado que financia las aventuras políticas de exégetas con pobreza intelectual y altos índices de producción glandular fascistoide no es si quiera que se queden sin candidatos en el corto plazo o que se le caigan del bolillero algunos despachos judiciales. Lo que más lo irrita es la remota chance de que la docilidad que promueve e inocula sobre la dirigencia con la metralleta del infotaiment y los allanamientos, escuchas ilegales, prisiones preventivas y aprietes judiciales termine asimilándose y una gruesa parte del pueblo se inmunice a sus efectos, si el Gobierno da en la tecla.
De ahí que el jefe de Estado, Alberto Fernández, revelara en declaraciones a radio Del Plata el domingo pasado el grado de perturbación que atravesaba el juez Julián Ercolini, quien cursó clases en su cátedra en la Facultad de Derecho mucho antes de que fuera Presidente, ante las presiones que recibía para dictarle un procesamiento a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. “El juez que llevaba la causa de Gils Carbó era Ercolini. Lo fui a ver y le dije que era un disparate, vi cómo se agarraba la cabeza y me decía: Pero es lo que tengo que hacer, la tengo que procesar”, relató el primer mandatario.
El primero en recoger el guante fue el senador Mariano Recalde, a la sazón, miembro por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Primero por Twitter y luego por declaraciones en TV, sugirió que el magistrado debería renunciar.
Como es evidente que las deidades tribunalicias no se desprenden de sus privilegios, este medio averiguó si el cuadro que pintó Fernández y el eco que le puso Recalde habían generado olas en el Consejo de la Magistratura. Al cierre de este artículo, una consejera por la oposición y uno en representación de los magistrados decían que no se había iniciado aún ninguna denuncia contra el atormentado ex alumno de Fernandez, quien se lamenta públicamente de haberlo aprobado cada vez que alguien le pregunta por su discípulo vergonzante, pero no descartaban nada.
Fuentes de la Cámara de Diputados con llegada al recinto de la Magistratura sito en Paraná 386 advirtieron, no obstante, que se encuentran “a la espera de la denuncia sobre Borinsky para comenzar la investigación”, mientras que ya se tramita “la producción de prueba para el caso de Hornos”, cuya instrucción quedó bajo el mando de Diego Molea, el abogado que preside el Consejo en representación de los académicos. La mención presidencial de Ercolini, por lo demás, desconcertó a propios y extraños, pero un avezado juez con estrella ascendente en la Casación recordó ante Realidad en Aumento la suerte de la jueza María Servini, cuando la apartaron del Amiragate, en referencia al nombre de Amira Yoma, por “dejar que el gobierno manejara la causa”. Cuñada del extinto Carlos Menem, Yoma era secretaria privada suya para 1991 y llevaba la agenda de reuniones con el riojano. A la jueza que luego ridiculizaría Tato Bores se le atribuía haberse reunido con el por entonces presidente para que las esquirlas de la bomba judicial de una denuncia por lavado de dinero proveniente del narco no lo rozaran.
Esa perspectiva no es descabellada, sobre todo porque el flamante ministro de Justicia, Martín Soria, sostuvo por AM750 este sábado que los jueces que visitaron a Macri deben excusarse de intervenir en las causas que involucren tanto a líder del Pro como a sus antagonistas. “El ministro dejó en claro que su objetivo principal es avanzar en cambios estructurales que doten de transparencia a la Justicia para que no existan más estos casos”, explicarían luego desde su entorno a esta publicación, y concluirían que Soria “va a utilizar todas las herramientas institucionales y políticas a su alcance para lograr transformaciones, como los proyectos de ley que están en el Congreso, porque esa es la manera de desarmar el lawfare”.
Sin embargo, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, metió el dedo en la llaga en la misma emisora un par de horas antes que su jefe en la cartera. “La Corte va a tener que involucrarse porque están involucrados integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal de nuestro país”, dijo, y añadió: “cuando un magistrado, juez o fiscal tiene relaciones con una de las partes, está obligado por ley a no intervenir en esos expedientes”. Según Mena, “no se trata de un partido de tenis, sino de cargarse la Constitución y las leyes de nuestro país”.
Táctica y pulsión
De esta manera, el Gobierno pondría de nuevo a la Corte Suprema frente a su propia encrucijada, definida con precisión por el jurista Germán Bidart Campos y recogida del olvido por el profesor Raúl Gustavo Ferreyra: “la Corte es, a la vez, tribunal y poder; un tribunal que cumple una función del poder, y un poder que funciona como un tribunal”. Tras el abanico de expresiones oficiales y las de los opositores que le salieron al cruce, habrá que seguir el curso de los hechos para determinar hasta dónde es cierto o no el refrán que dice que perro que ladra no muerde. Por ahora, todos muestran los dientes pero contienen sus deseos antes del tarascón.
