Cuando el legislador Rubén Rivarola vertió en el recinto de la Cámara de Diputados de Jujuy los mismos agravios que terceriza como director ejecutivo del diario El Tribuno contra su par Alejandra Cejas, no imaginó que el tiro podría salirle por la culata. Sintiéndose aludida, la edil solicitó en la sesión del viernes pasado una cuestión de privilegio, lo que implica valerse de la palabra para responderle a quien hubiere violado la protección de su decoro, y se despachó con una andanada de críticas contra el empresario y presidente del Partido Justicialista (PJ) de esa provincia acerca de su rol como “socio” del gobernador Gerardo Morales. No es ningún secreto para la prensa local que Rivarola fungió de proveedor del Estado local en servicios sanitarios a través de su clínica Fátima, resultó beneficiario de la concesión de servicios de limpieza en San Salvador a través de la firma LimSA y ofició de facilitador de la usina de testeos contra el Covid19 con uno de los galpones de la transportista Trame, cuya titularidad también acredita. Lo que resulta inaguantable para la intocable casta jujeña es que Cejas lo vocea cual coplera a los cuatro vientos.
Desquiciado por la actitud de su principal antagonista interna, Rivarola promovió la suspensión de Cejas por 90 días y, sin otorgarle lugar a posibles objeciones y en medio de un revuelo que agitó la variopinta bancada peronista, procuró que se votase a mano alzada. En el desparramo, fuentes parlamentarias adjudicaron acompañamiento pleno por parte del radicalismo que responde a Morales y el puñado de representantes que respalda al vice Carlos Haquim, más seis diputados del PJ. El saldo fue el borroso guarismo de los dos tercios sobre un total de 48 escaños pero sin que quedasen registros. En esa cuenta, hay legisladores que anotan a su par Liliana Fellner, otros que no se animan a afirmarlo porque no hay constancia y hay testigos que le atribuyen haberle planteado a Rivarola que no exponga al bloque a semejante papelón. El primer mandatario provincial, que venía de pavonearse en los medios de comunicación con el anuncio de sus exitosas gestiones para la compra de un millón de vacunas chinas, caminaba por las paredes de su despacho y profería insultos en quechua.
El sainete es anecdótico y los relatos de uno y otro lado difieren en detalles acerca de si Cejas gritaba lo que ratificaría después mientras Rivarola hablaba o que Rivarola cuestionaba a Cejas por denuncias sobre presuntas irregularidades en su desempeño al frente del IVC durante el mandato de Eduardo Fellner y Guillermo Jenefes, a quien la dirigente atacada reconoce como padrino político aunque ahora orbite en la constelación de la Tupac Amaru y se le adjudique relativa cercanía a Milagro Sala. La única certeza hasta el momento es que la refriega puede ser el síntoma de las tensiones por las elecciones jujeñas de medio término, convocadas para el próximo 27 de junio y pinceladas por la presentación de tres opciones peronistas: la de Rivarola, a quien incluso imaginan con la bendición de Morales para sucederlo en 2023; la de Cejas, a quien la acosan desde las tapas del periódico El Tribuno o la mandan a seguir con policías de civil; y la de la diputada Carolina Moisés, referenta de un armado nutrido por organizaciones populares que van desde el Movimiento Evita hasta La Colectiva y confluyen bajo el sello Todos por Jujuy.
En ese contexto, Cejas inquirió desde su banca: “¿cuánta plata nos sale a Jujuy pagarle la pauta a Rubén Rivarola? ¿Cuánta plata nos sale a nosotros sus negocios con Gerardo Morales?”. “Los diputados no podemos hacer negocios con el gobierno, no podemos estar de los dos lados del mostrador, o hacemos negocios o defendemos al pueblo”, arremetió, y añadió: “la sociedad de Rivarola con Morales es la que tapa todo, con la complicidad de los que se dicen peronistas”.
La respuesta de Rivarola fue tan lacónica como patronal, dirigiéndose a la Presidencia de la Cámara. “Le pido la suspensión de la diputada Cejas de acuerdo al artículo 229, nosotros vamos a acompañar la suspensión hasta que pase por 90 días y vea todas las acusaciones que nos hacen”, formuló con rusticidad, y reclamó: “Así que le pido, señor presidente, a ver si nos pueden acompañar”.
A partir de ese momento, la noticia corrió como reguero de pólvora y llegó de los portales jujeños a Télam. Según el despacho de la agencia estatal, “veinticinco mujeres con trayectoria pública que se presentan como peronistas, feministas y militantes de distintos signos políticos se solidarizaron con la diputada” y acusaron a Rivarola de encabezar “una feroz persecución política” en el marco de “un pacto patriarcal y antidemocrático” con Morales. Entre las dirigentas que rubricaron el texto, figuran las diputadas nacionales Vanesa Siley (Frente de Todos-Buenos Aires), Hilda «Beba» Aguirre (FdT-La Rioja) y Mónica Macha (FdT-Buenos Aires), la directora del Banco Provincia Juliana Di Tullio y la ex legisladora Mónica Durrieu. Al mismo tiempo, demandaron que esta persecución debería encuadrarse en las leyes 27501/19 y 26485/09, bajo el paraguas de Protección Integral de la Mujer.
Realidad en Aumento se contactó de forma insistente con el equipo encargado de prensa de Rivarola pero al cierre de este artículo, sin haber declinado el ofrecimiento para que brindara las explicaciones del caso, aún no había recibido respuesta alguna.
La aversión desenfrenada
La obsesión del titular del PJ en particular y el mainstream político jujeño en general con la diputada suspendida sin apego a reglamento parlamentario alguno no arrancó en la última sesión de la Legislatura provincial. Uno de los hitos más irritantes en la refriega se dio tras la sanción de la Ley 6153 para que Morales pudiera tomar deuda por 6000 millones de pesos. La norma fue votada el 24 de abril de 2020 por el oficialismo en pleno pero también por sus aliados y el sexteto del PJ, Rivarola, Pedro Belizan, Luis Cabana, Fernando Posadas, Fellner y Alfredo Gerry. El cisma se produjo porque el resto del bloque opositor se congregó por WhatsApp y eligió a Cejas como su presidenta. De ese mitin participaron Leila Chaher, cuyo tuit en repudio a la suspensión de la diputada fue retuiteado por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; Mariela Ferreyra, Débora Juárez Orieta, Emanuel Martín Palmieri, Juan Cardozo Traillou, Alejandro Snopek y Fátima Tisera Villagra y la virtualmente investida. Según Cejas, la resolución de esa cita telemática fue notificada a la Presidencia de la Cámara el 19 de Mayo e informada en el recinto nueve días después.
En una nota ampliatoria de una denuncia que la legisladora presentó el 30 de septiembre del año pasado ante la secretaria de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, Josefina Kelly Neila, consta que en una reunión de bloque posterior Posadas y Fellner leyeron “una petición particular de personas que no compartían” su posición aludiendo a “cuestiones netamente partidarias”. “Y lastimosamente, con posterioridad a ello, solo con el ánimo de perjudicar y evitar un cambio de autoridades, los diputados Rivarola y Belizán informaron verbalmente a través de una conferencia de prensa que ‘magicamente’ determinados diputados ‘no formaban parte del bloque Frente de Todos-Partido Justicialista’”, reza el documento. Dicho de otro modo, el empresario al frente del partido y quien fuera jefe del bloque hasta el golpe de timón de Cejas echaron por televisión a sus compañeros de bancada.
Asimismo, 41 días antes la dirigenta desplazada había cursado otra nota a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, poniéndola en autos sobre los agravios que recibiera durante una entrevista en el programa Contrapunto de Canal 7 de Jujuy por parte del legislador macrista Luciano Rivas, a la sazón, ex abogado de Morales. En rigor, los improperios del edil apuntaban a los legisladores opositores que objetaban la política sanitaria del gobierno provincial bajo apelativos como “lacras” e “hijos de puta”, según se precisa en la misiva girada a la ministra que fuera abogada de Sala antes de llegar a su cargo actual.
El nudo más perverso de los ataques contra Cejas se labró sobre su propio entorno familiar. El 19 de marzo pasado, le quitaron la tenencia de su hija, una niña de 13 años, luego de que la reprendiera por el uso de la Tablet en su hogar y la menor escapara a la casa de su abuela materna. Desde El Tribuno, llevaron el tema a la tapa y, al decir de uno de los diputados que acompaña a Rivarola en el PJ, “los radicales” organizaron manifestaciones contra la legisladora reclamando su destitución.
Una militante feminista con despliegue territorial en Jujuy le explicó a este medio que el hecho era “de carácter doméstico”, pero el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) recurrieron a la abuela, que se presentó a la comisaría más cercana para radicar denuncia policial aunque no maternó con la mismísima Alejandra por haber padecido problemas mentales y se jubiló a los 32 años, para quebrar a la diputada. Curiosamente, en la seccional se encontraban los fiscales Alejandro Bosatti y Carlos Ariel Gil Urquiola, recientemente denunciado por el abogado Héctor Huespe tras la represión desatada en Campo Verde.
En ese trance, la jueza Maria del Rosario Hinojo otorgó la guarda de la menor a la abuela, quien no está en condiciones de cuidar, y los seguimientos de agentes armados pero de civil contra Cejas recrudecieron. “Yo estoy con un hábeas corpus”, repite ella en cada oportunidad que encuentra, y se refiere a lo actuado por el juez Luis Ernesto Kamada, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3.
Mientras tanto, “la niña fue aislada de su madre, su familia paterna y también de la tía abuela en quien Alejandra delegó el cuidado cuando no estaba”, consigna la activista feminista, y agrega: “la Fiscalía imputó delitos de lesiones físicas y psíquicas, un gran avance inconstitucional contra una madre, cosa que jamás hemos visto contra un machista violento salvo un caso excepcional”.
Hostigamiento sistemático
Para colmo, Cejas no es la única opositora hostigada. Moisés recordaba en diálogo con esta publicación que la semana pasada también se suspendió por 90 días al concejal Edgardo “Bicho” Sosa, con los votos del PJ y los radicales, luego de que el edil peronista Walter Cardozo promoviera la jugada porque su compañero de bancada había dicho en televisión lo mismo que Cejas: que Rivarola y Morales son socios políticos.
A esta altura, el estado de excepción se exhibe con impudicia en Jujuy. En su edición del 22 de mayo, El Tribuno publicó que Cardozo “manifestó que Sosa realizó fuertes acusaciones en un medio televisivo local involucrando al gobierno provincial, el presidente del PJ Jujeño, Rubén Rivarola, e integrantes del cuerpo legislativo local”. “Habló de bloques compactos entre la UCR y PJ, que pretenden un golpe institucional en contra intendente Luciano Demarco, entre otros improperios”, habría dicho Cardozo.
La operación calcada y coordinada avienta dudas pero enrarece más el escenario. Hasta donde supo esta revista, el desorden cundía por todas partes en el recinto de la Legislatura jujeña antes que levantaran la mano fugazmente contra Cejas y el cabildeo se prolongaba hasta los mensajes de texto por teléfono. En uno de esos intercambios, una diputada le escribió a Fellner: “votá en contra y lo sacamos a Rivarola”.
Por lo demás, la fractura que produce este contubernio en el seno del PJ y el Frente de Todos ya llegó a oídos del presidente Alberto Fernández. Ilustrativa y didáctica, Cejas advirtió en declaraciones a FM La Patriada durante la previa de la presentación de la medida de no innovar que haría este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy que el caso “pone blanco sobre negro” en la política de su provincia y anhela que se llegue a la unidad de cara al 2023. “Morales es el verdadero problema y el que está en el medio es Rivarola por los negocios pero lo corremos y nos queda solo Morales, porque Rivarola es un comerciante nada más”, concluyó.
