Otro hierro caliente

Nicaragua es ese sitio
donde vamos a parar,
donde ya no pasa nada,
nada más que reventar.

Yo te amé en Nicaragua,
Fito Páez.

El periodista nicaragüense Miguel Mora fue detenido anteanoche, en su casa de Managua, bajo la acusación de haber cometido delitos contra la soberanía. Según los despachos de las agencias internacionales, la lista de opositores detenidos asciende a 17 personas y, entre ellos, 5 serían precandidatos a la presidencia en los comicios a disputarse en noviembre próximo.

Los cargos que se imputan en su contra se desprenden de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, votada por la Asamblea Nacional del país centroamericano el pasado 21 de diciembre. La norma consta de dos artículos. El primero apunta contra los nicaragüenses que “encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico”, motejándolos como “Traidores a la Patria” e impugnándolos ante eventuales postulaciones a la elección popular. El segundo establece su publicación por “Diario Oficial”.

La repercusión internacional del conflicto con el gobierno de Daniel Ortega escaló después que se dispusiera la detención de la principal opositora a la alicaída experiencia política sandinista, Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro y titular de la fundación homónima en homenaje a su madre, el pasado 2 de junio. Sin alcanzar en ningún guarismo más de un dígito en intención de voto, Chamorro encabeza el ranking de beneficiarios de fondos girados por la CIA a través de organismos como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), hasta donde pudo corroborar Realidad en Aumento con fuentes oficialistas en la capital de ese país.

A partir de entonces, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, promovió la condena contra Nicaragua por el arresto de “dirigentes” opositores y cosechó amplio apoyo a nivel continental. Argentina, México, Honduras y Costa Rica se abstuvieron, argumentando que no avalan los presos políticos en ningún país de la región pero no aceptan la injerencia estadounidense en asuntos internos de cada país. “La posición argentina estuvo bien”, le dijo a este medio un dirigente criado en estas pampas pero curtido en la revolución sandinista de los 80’, mientras que un funcionario al tanto de los detalles políticos e ideológicos de la fundamentación del voto local deslizó: “te imaginarás cómo presionaron sobre aquellos que podían ser susceptibles del apriete para que no se votara como se votó”.

La maniobra no fue gratis para el Frente de Todos. Al cierre de esta nota, las autoridades argentinas y sus pares mexicanas habían convocado a sus embajadores en Managua, Daniel Capitanich y Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, respectivamente. “Sin dudas hay muchas presiones, como suele ser en estos casos, pero por el momento es solo un llamado a consulta”, relativizó una de las fuentes gubernamentales consultadas por este medio.

Sin embargo, el comunicado posteado en redes sociales por la Casa Rosada explica que el objetivo del llamado es para informarse sobre “las preocupantes acciones político-legales” que “han puesto en riesgo la integridad y la libertad de diversas figuras de la oposición”. “Nosotros cuestionamos la detención de opositores en los fundamentos de la abstención para el voto en la OEA aunque no acompañamos la posición de la mayoría porque se mezclaba con la cuestión electoral”, ampliaron frente a este cronista desde el Palacio San Martín.

La desproporcionada reacción de los grupos mediáticos Clarín, La Nación e Infobae constituye una muestra palmaria. Joaquín Morales Sola, por caso, consideró que Alberto Fernandez apoyaba a los déspotas de la región, el diario de Héctor Magnetto puso en la mira al embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, como artífice de la postura diplomática que se impuso y el portal de Daniel Hadad fue a pedirle explicaciones al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien se encontraba precisamente de visita en Washington para granjearse apoyos o acercamientos del gabinete de Joe Biden para la negociación con el FMI y el Club de Paris.

La sagacidad de los diplomáticos argentinos habrá resultado sorprendente para quienes fiscalizan con lupa los bamboleos del propio Presidente e indignante para voceros y actores del establishment económico y los exégetas del mainstream político que el diputado Mario Negri verbalizó con gran poder de síntesis: “estamos a 7 votos de Venezuela”. Desde Cancillería argumentaron que, lejos de desmarcarse de la postura oficial, las declaraciones de Massa iban en sintonía con el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de Felipe Solá, y que la opinión sobre Nicaragua no comprometía las gestiones argentinas en aras del desendeudamiento. La preocupación por escurrirse de cualquier casillero que irrite a los acreedores habla más de los que escrutan los escenarios con mirada huidiza que de los que protagonizan la historia. Por lo demás, uno de los embajadores argentinos que milita con intensidad en el Grupo de Puebla le dijo a esta revista que en el primer encuentro que mantuvo Fernández con su par mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, el anfitrión en DF preguntó con inquietante curiosidad: “con Estados Unidos no nos vamos a pelear, ¿no?”.

Piratas del Caribe

La crisis actual de Nicaragua no nació de un repollo ni se inició con las detenciones de Chamorro, Mora y los otros 15 opositores al sandinismo sino con las recetas del FMI. En 2005, el organismo multilateral de crédito condonó la deuda del Estado nicaragüense, por ser el segundo país más pobre de la región, pero estableció a cambio la licencia para arribar a Managua con revisiones periódicas.

Una de las condiciones imperecederas de los actuarios con planillas de Excel era también entonces la reforma de los sistemas previsionales y, ni lerda ni perezosa, la francesa Christine Lagarde le exigía a Ortega lo mismo que Mauricio Macri cumplió, gozosamente y a los tiros, en diciembre de 2017. Tan es así que el 16 de abril de 2018 el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) anunció la anhelada reforma del sistema de seguridad social.

Hasta ese momento, los nicaragüenses se jubilaban a los 60 años, con un requerimiento de 750 semanas de cotización o más o menos quince años de aportes; contaban con una pensión reducida para todas aquellas personas en edad de jubilarse que hayan cotizado 250 semanas; los haberes se incrementaban al compás del salario mínimo en el sector industrial; la tasa de reemplazo era del 80 %; y los ingresos para la cobertura se recogían con un aporte patronal de 19 % y un aporte del trabajador de 6,25 %. Tras intensos cabildeos con los veedores del Fondo y funcionarios del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), asesores del Gobierno y autoridades del Banco Central de Nicaragua, se propuso ajustar la jubilación al 70 por ciento del salario de la población económicamente activa; aumentar el aporte patronal hasta el 22,5 % para 2020; subir a 7 % el aporte de los trabajadores; y achicar el 5 % a los pensionados en concepto de cobertura de enfermedades. Dos días después, a los sandinistas les brotaron protestas por todos los flancos y las agencias internacionales de noticias se engolosinaron con la supuesta reproducción de la primavera árabe en Centroamérica.

La desmesura propagandística de las potencias hegemónicas no justifica pero contextualiza el dramático saldo de más de 300 muertos por la represión policial del alzamiento de los sectores descontentos, alentados por las cadenas noticiosas financiadas por Estados Unidos y apoyados por la Conferencia Episcopal.

A través de un intercambio por WhatsApp, el embajador nicaragüense en Argentina, Orlando Gómez, compartió con Realidad en Aumento las apreciaciones publicadas por la periodista Stella Calloni, quien advierte que en esos enfrentamientos la derecha apeló al modelo de las “guarimbas” contrarrevolucionarias y criminales de Venezuela para montar “supuestas manifestaciones estudiantiles, como pantalla de los mercenarios que mataron en enfrentamientos a decenas de policías sandinistas y población civil”. También facilitó la traducción de las declaraciones del periodista norteamericano Max Blumenthal en una entrevista concedida el 9 de junio pasado al Canal 4 de Nicaragua, donde sostuvo que “más de 7 millones de dólares han sido enviados desde la USAID a la Fundación Chamorro, y este dinero financia a los medios opositores de gente como Miguel Mora, director de 100% Noticias”. “Yo fui a la oficina de Mora, en julio de 2018, para preguntarle sobre el papel que jugó en proveer la propaganda para los tranquistas violentos, y Mora no solo no pidió disculpas, sino que me dijo en el video que Nicaragua necesitaba una solución como Panamá en 1989, y pidió una invasión militar por parte de Estados Unidos en El Carmen para secuestrar al presidente Ortega y su familia, y para sacarlo del país y meterlo en la cárcel en Estados Unidos”, completó.

A pesar del despliegue y el flujo de recursos financieros, Ortega aplastó la intentona golpista el 19 de julio de 2018. En su discurso triunfal, explicó que los obispos de la Conferencia Episcopal se habían reunido con él en la Casa de Gobierno para exigirle su renuncia y que se fuera del país.

Presos contra presos

El abordaje del conflicto nicaragüense resulta inasible desde los parámetros que presumen de basarse en datos, por un lado, y los reduccionismos ideológicos por el otro. Las fronteras para el análisis se tornan borrosas porque el sandinismo de Ortega no es igual que el de sus orígenes en 1979 pero la jefa de la Fundación Chamorro es la hermana de Edgar, uno de los líderes de “los contras” que segaron con criminalidad al primer gobierno del FSLN. Lo mismo ocurre con las comparaciones que se autoperciben ecuánimes entre los que objetan por igual los descalabros del chavismo venezolano, las violaciones a los derechos humanos en la Colombia de Iván Duque y el Chile de Sebastián Piñera o las excentricidades del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Paradójicamente, los exiliados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se refugian en Managua al tiempo que Gioconda Belli, Hugo Torres Mercado y Dora María Téllez, entre otros sandinistas, critican las desviaciones de Ortega. Las linealidades se desdibujan si se observan de cerca.

Un informe del Centro Latinoamericano Estratégico de Geopolítica (CELAG), detalla que “Nicaragua guarda importantes diferencias con vecinos como Honduras, Guatemala e incluso El Salvador, países que luego de los Acuerdos de Paz se encausaron hacia un neoliberalismo violento por medio de diversas iniciativas, la mayoría auspiciadas por el gobierno-sector privado estadounidense (léase, por ejemplo, la Iniciativa para la Seguridad de Centroamérica y la Alianza para la Prosperidad). En el marco de estos planes, se ha generado una creciente militarización y un recrudecimiento de la violencia, al estilo Plan Colombia”. Firmado por Silvina Romano, Tamara Lajtman, Javier Calderón Castillo, Arantxa Tirado y Lucía Converti, el texto precisa que aun “con las limitaciones y contradicciones que deben señalarse”, las variables de la gestión de Ortega acreditan “crecimiento económico y reducción de la pobreza”, “índices de seguridad infinitamente mayores a los de los países del Triángulo Norte” y “sus residentes no han tenido que huir hacia la frontera estadounidense en busca de mejores vidas en la misma proporción que lo han hecho los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños.

En definitiva, el sandinismo corcovea con Ortega, quien salió relativamente airoso tras las misiones del FMI que supervisaron su itinerario económico más allá de los costos que le facturan desde su propio riñón. En 2012, “la deuda externa de los nicas llegó a cero”, sostiene un peronista argentino radicado en Managua. Y amén de la tensión, Nicaragua exporta el 80 % de su producción de carne a Estados Unidos y es el sexto proveedor mundial de ese insumo para hamburguesas al norte del Río Bravo, mientras Argentina tiene serios problemas para sortear el tabique genético –o político- derivado de la aftosa.

Es probable que la indignación de las corporaciones mediáticas vernáculas estribe en la resistencia del gobierno argentino a empujar las consideraciones sobre Nicaragua al andarivel donde se ubican las calificaciones diplomáticas globales acerca de Venezuela. Si es cierto que Estados Unidos prepara otra intentona golpista para después de las elecciones nicaragüenses, tal como especuló Blumenthal recientemente, no sería conveniente que los países sudamericanos funcionen como un embudo regional que no le deje a Ortega otra opción que no sea la radicalización y el encierro.