Mauricio Macri no la tiene fácil. Luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño lo complaciera con la admisión de un recurso de inconstitucionalidad en la causa Correo, erigiéndose en alzada de un juzgado nacional a pesar de su rango jurisdiccional inferior, dos pronunciamientos judiciales le deben haber borrado la mueca de satisfacción.
Por un lado, el procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó el pasado 28 de junio que la Corte porteña, compuesta por los magistrados Inés Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe, Luis Lozano y Alicia Ruíz, “no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil”, en el marco del litigio que iniciaran los herederos del artista León Ferrari contra el trader estético Gabriel Levinas por la venta de 11 dibujos en Francia, cuyo valor nunca abonó a los familiares del autor. Ante los reveses cosechados en primera y segunda instancia, el partenaire de aventuras periodísticas de Jorge Lanata apeló al TSJ bajo la figura del recurso de inconstitucionalidad, una herramienta diseñada por Raúl Zaffaroni cuando ocupaba una banca como legislador porteño.
Con el voto de Weimberg de Roca, otrora candidata del ex Presidente para reemplazar a Alejandra Gils Carbó en el cargo que ocupa provisoriamente Casal desde que la jefa de los fiscales renunció por la persecución política y hostigamiento sufridos; Otamendi, hombre cercano al ex ministro de Justicia Germán Garavano; de Langhe y Lozano, cuya afinidad ideológica con Horacio Rodríguez Larreta dan por sentada en los pasillos cercanos a sus despachos, los caciques de los estrados locales se metieron por la ventana como “superior” de una cámara nacional. A todas luces, un fórum shopping territorial para Levinas, tal como se preanunció el año pasado acá, que podría habilitarle un sendero auspicioso a los macristas comprometidos judicialmente. Sin ir más lejos, el abogado Luis Cevasco, militante de Unidos por la Justicia junto a Garavano y defensor del policía Luis Chocobar, apostó al mismo atajo para que el uniformado acusado por gatillo fácil se eximiera de la comparecencia en Comodoro Py pero el tiro le salió por la culata, igual que a Levinas: si bien el TSJ había notificado a la cámara su decisión en el pleito entre los hijos de Ferrari y el mercader, los camaristas llevaron el diferendo a la Corte Suprema de Justicia, que corrió vista a Casal y el lugarteniente del macrismo en una de las postas nodales del lawfare le dedicó un ukase adverso -aunque no vinculante-.
Por otra parte, los jueces de la Sala D de la Cámara en lo Comercial, Gerardo Vasallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto, desconocieron ayer “eficacia jurisdiccional alguna a la decisión adoptada por el TSJ de la Ciudad de Buenos Aires” en torno de la causa por el proceso concursal de la firma Esuvial SA, vinculada al Grupo Indalo y perjudicada por el mismo asedio que durante el gobierno cambiemita pesó sobre los dueños de la insignia madre, Cristóbal López y Fabián De Souza. Para los tres togados, la resolución del irregular amicus curiae macrista “carece de fundamento normativo y se alza manifiestamente contra lo establecido”, y agregaron: “las sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial no son revisadas por el TSJ de la CABA, no hay ley que así lo declare y toda interpretación contraria no es más que un extravío que únicamente tiene fundamento en la voluntad de quienes afirmen lo contrario”.
El ilustrativo vaticinio de un juez de la Cámara de Casación Penal soltara la semana pasada ante la consulta de Realidad en Aumento se cumplió. “Los jueces nacionales van a agarrar del OGT a los de Ciudad Gótica”, conjeturó con precisión quirúrgica.
Ambas resoluciones impactan en la línea de flotación de la aparente estrategia judicial macrista en la canalización de causas por el TSJ pero la que lleva la rúbrica de Casal debería ser letal: el trio de Weimberg de Roca, Otamendi y de Langhe basaba la admisión de la queja de SOCMA en el precedente que quisieron sentar con el fallo Levinas.
Ni a tontas ni a locas
Los chats de abogados y fiscales curtidos en diversas cruzadas judiciales se preguntaban por qué Casal clavó semejante facazo. “Podría haberlo dormido un rato más o podría haber hecho que dictamine un adjunto y no él”, deslizó una fuente del peronismo, y bajo esa tesitura abundó: “que saque el dictamen a días del fallo del Correo y con su firma es un mensaje político”.
Entre las razones para animarse a esa jugada, podrían mentarse la presión sobre el Procurador, cuyo cargo pende de las trabas parlamentarias de Juntos por el Cambio para que un candidato del paladar del Frente de Todos no reúna los votos suficientes en la cámara baja, al tiempo que también el máximo tribunal del país tiene ascendencia en los juzgados nacionales. “Ahí está la base de sustentación de Ricardo Lorenzetti y Elena Higton”, resumió la misma voz.
En tal sentido, no se descarta la hipótesis de las heridas que pueda causar la interna de JxC sobre los pretorianos de la corporación judicial que formaron filas alrededor del gobierno anterior. “Los jueces juegan como poder permanente, pero una de las cosas que hizo el macrismo fue partidizar tanto un sector de la judicatura que ya no puede serlo y sube y baja con el Ejecutivo”, sostuvo un abogado que fatiga despachos parlamentarios.
Con tintes pedagógicos, Vasallo, Heredia y Garibotto explicaron en su fallo contra Esuvial SA que “la equiparación entre jueces federales y nacionales con asiento en la capital de la República sigue plenamente vigente, no existiendo posibilidad alguna de que a los últimos se los asimile a los jueces de la CABA, cuyo origen constitucional, procedimiento de designación, prerrogativas e imperio tienen un fundamento completamente diverso”. “No es dado al TSJ de CABA erguirse en órgano revisor de las sentencias de aquellos sin incurrir, al mismo tiempo, en un rompimiento de las fronteras que hay entre la jurisdicción nacional y la local”, completaron a continuación.
El debate sobre el “traspaso de la Justicia” a la órbita porteña tampoco otorga pertinencia a la perspectiva del TSJ. Al decir de los magistrados de la sala D de la Cámara en lo Comercial, lo dispuesto por el cuarteto liderado por Weimberg de Roca “no es más que la creación pretoriana de un procedimiento invasivo de la esfera que le corresponde al Congreso de la Nación y que desconoce, al mismo tiempo, la Ley 24588, que ni siquiera ha sido declarada inconstitucional”. La invocación a esa norma, conocida como “Ley que Garantiza los Intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires”, le arrancará una sonrisa al oficialismo.
Sin perjuicio del bamboleo político, la historia de este trompo judicial está lejos de asumir su clausura. De hecho, el TSJ persistía en sus aspiraciones de mayor jerarquía al cierre de este artículo: después que las juezas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini devolvieran de bolea la pretensión del tribunal porteño para que se deje sin efecto el auto denegatorio contra el pedido de SOCMA, emitió un nuevo pronunciamiento instando a la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial para que se allane a los anhelos del grupo empresario.
