“Érase una vez un país donde todos eran ladrones”, descerraja en la primera línea del cuento La oveja negra el escritor Ítalo Calvino. Didáctico y conciso, el texto tiene menos caracteres que este artículo y desmonta con fineza y claridad la trama de los custodios ideológicos de los que esculpieron el status jurídico y construyeron las cárceles.
A través de sus líneas, el relato describe la situación de un pueblo cuyos habitantes se organizaban en pie de igualdad para desvalijar a sus vecinos, encadenando cada desfalco individual en una ordenada circulación de mercancías. El descalabro se produjo, según el cuento, cuando apareció un hombre honrado que se negaba al hurto y generó enorme desigualdad porque su casa era sistemáticamente saqueada sin que él intrusara el hogar de nadie más.
Así las cosas, el problema nunca habría sido el robo sino la emergencia de un sujeto que se evadía del influjo general y provocaba desequilibrio social. Los cultores del honestismo suelen escamotear que el problema no es la delincuencia de los orilleros sino la injusticia diseñada desde los despachos oficiales y sus financistas.
Como acuñó la escuela lacaniana, la realidad se estructura con elementos de ficción y las palabras de Calvino pueden ser más esclarecedoras que la crónica periodística de esta etapa. Bajo esa perspectiva, no caben otras categorías que las que aplican al género de las películas fantásticas para el análisis del pedido de juicio político contra la vicepresidenta Cristina Fernández promovido por la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, a través de los diputados que le responden en la Cámara baja.
Tildando a la autora principal de la urdimbre del Frente de Todos como “una golpista”, la infatigable propaladora de vaticinios apocalípticos justificó su hiperbólica iniciativa en el balance que publicara la titular del Senado al cumplirse el primer año del mandato de Alberto Fernández, pieza en la que consideró que con las características que rigen actualmente el Poder Judicial difícilmente podrá construirse el país que la mayoría anhela. El legislador lilito Juan Manuel López abundó en una ampliación de los fundamentos de su jefa, al decir que la Vicepresidenta “interfiere en el normal desarrollo de las funciones de otro poder del Estado, atentando contra el orden institucional y el sistema democrático”.
Antes de ocupar un escaño en el Congreso, López fue abogado en la oficina parlamentaria de la ex diputada chaqueña. Por los deberes que le confería ese conchabo, le tocó encargarse de la denuncia que Carrió labrara a principios de 2016 contra el por entonces pope de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por supuesto enriquecimiento ilícito. En diálogo con Realidad en Aumento, el abogado devenido edil recordó que el fiscal Gerardo Pollicita desestimó la investigación con velocidad inusitada. Y cuando reclamó el fallo que archivó el trámite para enterarse de los argumentos, en el juzgado le respondieron: “Que lo venga a buscar Carrió”.
Eran días de luna de miel para el ascenso cambiemita en el Estado pero Lorenzetti sometía al macrismo bajo el látigo de la zozobra. Una fuente cercana a los operadores judiciales de todas las épocas le dijo a este cronista que el togado Carlos Fayt, fallecido un año después del ballotage entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, deslizaba que el zar de la santafecina ciudad de Rafaela prefería el triunfo amarillo antes que la continuidad del peronismo. “Porque Macri era más fácil de voltear”, soltaba Fayt en los umbrales de su decrepitud.
En el entorno de la ex Presidenta, por lo pronto, no emiten respuesta al facazo verbal de Carrió. No obstante, seis días antes del último Zoom de Juntos por el Cambio, cuyo saldo fue un comunicado bajo la misma égida ideológica que la del Foro de Convergencia Empresarial (FCE) y el rayo de judicialización detallado hasta acá, el senador oficialista Oscar Parrilli sostuvo, durante una entrevista en FM La Patriada, que en Diputados duerme el sueño de los justos un pedido de juicio político de Carrió contra Lorenzetti. Por lo demás, un ex ministro macrista se mofó de los arrebatos de la dirigenta que se autopercibe con dotes pasteurizadoras: “es enjuiciadora serial y llegó a blandir un juicio político contra (el ex responsable de la cartera de Justicia, Germán) Garavano”.
Tanto para emprenderla contra un vicepresidente como contra un juez de la Corte la Cámara baja precisa del voto de los dos tercios de los legisladores presentes. Según el artículo 53 de la Constitución Nacional, es allí donde se sustancia la acusación, mientras que el artículo 59 indica que es en el Senado donde se concreta el juzgamiento, también con el voto de las dos terceras partes del cuerpo. Salvo que medrara un cismo, ambas estocadas carecerían del apoyo previsto en la Carta Magna.
Ni chicha ni limonada
La ingravidez de los notables que integraron la comisión de juristas convocada por el Jefe de Estado para que elevaran sus recomendaciones en aras de la mejora del funcionamiento del sistema judicial resulta determinante para el problema abordado en esta nota. Compuesto por representantes de distintos palos políticos, ese grupo ofrece un abanico de posibilidades tan divergente como inconducente ante cada tópico encargado para su análisis. Sin síntesis, la Casa Rosada no tiene en ese texto de casi mil páginas ningún consejo sobre cómo plantarse frente al máximo tribunal.
Dos fuentes que accedieron al material ratificaron ante este medio que los especialistas en derecho no propusieron una ampliación del número de miembros, como se especuló hace algunas semanas. Sucede que Raúl Gustavo Ferreyra, uno de los juristas que trabajó en el documento y cuya afinidad política con el ex juez Raúl Zaffaroni nadie niega, había sugerido ese cambio pero su moción no tuvo quórum.
En ese contexto, una abogada que ejerció su fiscalía bajo clara identificación con las expresiones políticas de Justicia Legítima advirtió que “el gobierno está negociando” con la cabeza del Poder Judicial, y aseguró que “pareciera que sólo Cristina está encarando la batalla frontal”. Una jueza cuyos fallos solían celebrarse en esa agrupación, ante la consulta de esta revista por WhatsApp, puntualizó: “quién le pone el cascabel al gato es el problema. Se requiere movilización popular para forzar o ampliar la Corte. Forzar al Presidente, digo, porque la comisión es asesora, no pincha ni corta”.
Si para muestra basta un botón, el pasado 25 de septiembre la diputada kirchnerista Vanesa Siley presentó un pedido de juicio político contra el actual mandamás del cuarto piso del Palacio de Tribunales, Carlos Rosenkrantz. Ocho días después y tras la convocatoria repentina a la comisión interpoderes de la Corte Suprema, detalló sus argumentos en un hilo de Twitter. El impacto mediático estaba cantado de antemano y Rosenkrantz retrucó con una misiva pública. Hasta donde supo REA, desde Olivos le pidieron a Siley que bajara el perfil.
Tarde para arrepentirse
Mientras el gobierno del Frente de Todos subordina las decisiones estratégicas de todas sus batallas al resultado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los grupos económicos resisten los avances con apelaciones al diálogo y el consenso o, directamente, embisten con operaciones de prensa o artilugios judiciales para que la coalición triunfante el 27 de octubre de 2019 desista, fracase o pida permiso antes de dar cada paso. Derrotados en los comicios, los capitanes de la industria con domicilios fiscales dentro o fuera de los límites geográficos locales y las patronales de la oligarquía rural diversificada en integraciones verticales, horizontales y oblicuas han dispuesto de canales de comunicación y astucia para permear con facilidad los anillos de la cuota de poder oficial. La relación que trabaron en los últimos meses el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, y el dueño de Techint, Paolo Rocca, es prueba palmaria de ese cuadro (ver, asimismo, NOTA DE Luciana Glezer).
El escenario está a la vista y los antagonistas mueven sus fichas. Por eso, no sorprendió en ningún campamento del peronismo, más allá del espacio para la legítima indignación, el fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal acerca de la aplicación de la Ley del Arrepentido para la recolección de los testimonios de los acusados, sin medios técnicos idóneos, en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Similares reacciones suscitó la bolea que ensayó la Corte para no responder al reclamo elevado por la defensa del ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone, amparándose en el artículo 280 del Código Procesal.
Si bien la repercusión mediática tuvo mayores alcances para el caso del economista que pergeñó la recuperación de los fondos de jubilaciones y pensiones en 2008, tanto que hasta Fernández se refirió al capricho de los cortesanos en una entrevista con FM La Patriada al referirse al criterio de sana discreción, todavía no hubo reflexión suficiente sobre la norma con que se persigue a ex funcionarios como Julio De Vido para dañar, por elevación, a la segunda en línea de sucesión.
Votada en Diputados el 23 de junio de 2016, el Frente Para la Victoria (FPV) no pudo sustraerse al pánico sembrado desde las pantallas televisivas bajo la metralla ininterrumpida de las imágenes de José López, capturado luego de arrojar bolsos con dinero en un convento.
La iniciativa era impulsada por el establishment político que frecuenta los cócteles de la embajada norteamericana en Buenos Aires, entre los que se contaba el propio Sergio Massa, pero hasta el kirchnerismo la votó a favor. Aunque con críticas del FPV, como la que mentaba la “privatización de la justicia” al convertir al que delinque por corrupción desde la administración pública en un traficante de información para salvarse en juicio, el proyecto obtuvo media sanción con 194 votos por la afirmativa y 5 por la negativa, correspondientes a los 4 representantes del Frente de Izquierda y el neuquino José Ciampini.
Esa noche la ex diputada Diana Conti advirtió que “el arrepentido es un delincuente que no se arrepiente del hecho delictual, sino que, como efectivamente, dice la ley, a cambio, negociando una mejor situación procesal, una menor penalidad y una excarcelación, aporta pruebas”. “Yo no estoy de acuerdo con la privatización, lo que significa establecer reglas del mercado en el sistema penal y ello es así porque considero que el derecho penal es el derecho de los poderosos”, subrayó, y con tintes premonitorios añadió: “cabe aclarar que quien instiga o extorsiona gracias a lo que puede aportar ese arrepentido no es solo el fiscal o el juez, sino también los servicios de inteligencia, ministros o ministras y abogados infiltrados que van a la televisión a decir que tal imputado no es inocente”.
A Conti le pesaba que le facturasen cierta paranoia por eso que dijo pero más todavía le molestaba la asunción de la tarea legislativa con el caño de la manipulación mediática en la sien. Esa fue la razón por la que, en atención a la “coyuntura”, hizo “una concesión dogmática forzada”, según sus propias palabras e igual que otros tantos diputados. “Considero que la lealtad política es un valor, que mi bloque necesita seguir fuerte, orgulloso y alegre de estar integrado por militantes políticos, y no quiero ser una mosca negra por pensar distinto”, remarcó al cierre de su intervención.
Ya en el Senado, la aprobación se consiguió con 57 votos a favor y cuatro en contra, por parte de los kirchneristas Ana Claudia Almirón, Marcelo Fuentes, María de los Ángeles Sacnun y María Pilatti Vergara. Otros cuatro senadores de la misma bancada se abstuvieron: Hilda Aguirra, Ruperto Godoy, Virginia García y Anabel Fernández Sagasti. Al hacer uso de la palabra, la legisladora mendocina reclamó que la figura del arrepentido “no sea usada como ahora, como una operación mediática-política”.
Igual que tantas otras veces, el campo popular paga carísimo en la actualidad las concesiones parlamentarias frente a la bulla punitivista de los albores macristas. Y hasta alimenta las perniciosas excusas de los que alegan que el lawfare no existe porque las leyes que se aplican fueron acompañadas por las corrientes políticas que hoy nutren el oficialismo. No le vendría mal al Gobierno mirarse en ese espejo cuando tome una definición sobre lo que hará frente al asedio del Poder Judicial, que no funciona sino como el brazo ejecutor de la garantía de los privilegios de la clase dominante y el disciplinamiento social y político de los dirigentes que, con mayor o menor timidez, decisión, candor o convicción, se arrojan a la refriega pública a costa de su nombre o, finalmente, su libertad.
En el fondo, escribió Calvino, honrado sólo había sido aquel hombre que renegaba del uso consuetudinario de apropiarse de lo ajeno… y no tardó en morirse de hambre.
