La ligazón entre los grupos económicos, las corporaciones mediáticas que los expresan, los juzgados que los respaldan y los opositores que cumplen el rol que les mandan resplandece cada vez con más claridad. La querella criminal contra los que fraguaron y fugaron el último préstamo del FMI, el alegato de Cristina Fernández en el caso del contrato de venta dólares a futuro, el bombardeo periodístico sobre el plan de vacunación oficial, el operativo Formosa y la salida de Losardo son misiles que surcan el cielo de una batalla sin cuartel.
Las noticias son buenas si vas a dar batalla
pues lo quieras o no afuera hay una guerra,
no sirve que te escondas, ni que vivas rezando;
cuando la muerte se alza siempre acaba encontrando.
Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando.
Vas a perder tu historia, las ganas de contarte
y hasta cómo elegir cómo quieran amarte,
vas a perder tus cosas, tu vida verdadera,
vas a poder nombrarte solo como ellos quieran.
Hay una guerra,
Gabo Ferro
La derecha no descansa pero, de vez en cuando, acusa el golpe. El anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la instrucción oficial para que se inicie una querella criminal que investigue los términos y las consecuencias del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri dejó estupefacto al elenco opositor por unas horas, mientras que el alegato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente a los miembros de la Sala I de la Cámara de Casación Federal zurció buena parte de los retazos verbales que el Jefe de Estado tendió sobre la mesa en la apertura del 139º período de sesiones ordinarias del Congreso.
Vacilantes a la salida del recinto, los diputados Mario Negri, Cristian Ritondo y Juan Manuel López, lugartenientes del radicalismo, el Pro y la Coalición Cívica en la Cámara baja respectivamente dijeron que el primer mandatario complacía con su discurso al Instituto Patria, al paso que el ex ministro de Hacienda macrista Hernán Lacunza y el otrora titular del Banco Central Guido Sandleris apelaron a Twitter para defenderse sin pericia ni consistencia del señalamiento de Fernández por el acuerdo Stand By con el organismo que presidía Christine Lagarde. Sin embargo, ya el 2 de marzo pasado podía atisbarse el contraataque del establishment con las declaraciones del fiscal Carlos Stornelli, procesado por el juez Alejo Ramos Padilla en la causa que investiga el espionaje macrista y la extorsión sobre empresarios y ex funcionarios vinculados a la causa de las fotocopias de los cuadernos donde Oscar Centeno anotaba las supuestas coimas.
En una entrevista concedida al canal A24, el compinche ejecutor de bravuconadas tramadas junto al extinto juez Claudio Bonadio profirió que vería al primer mandatario cuando culmine su presidencia y mantendrían una charla de hombre a hombre, al ser consultado por las definiciones sobre el Poder Judicial y el control cruzado desde el parlamento ante el pleno de legisladores. También involucró a la saliente ministra de Justicia, Marcela Losardo, al atribuirle una expresión de solidaridad para consigo ante las acusaciones del oficialismo por su participación en la trama de espías, periodistas y empresarios que fraguaron el lawfare local.
La ex presidenta lo zamarreó ante la vista del tribunal para que soltara sus aires de compadrito, encuadrando su enunciado en la amenaza de sentar a su compañero de fórmula en un banquillo judicial como desde hace años hacen con ella. En tanto que Losardo desmintió al extorsionador de Comodoro Py respecto de que lo hubiera llamado para brindarle su apoyo y se preguntó durante un reportaje radial cómo era posible que Stonerlli siguiera siendo fiscal. Aunque ya estaría agobiada, la socia del Presidente en su estudio jurídico particular no imaginó en ese momento la operación que se cocinaba en su contra desde el multimedios de la calle Piedras.
Entre Formosa y Constitución
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Poder Judicial y la oposición política sintieron el temblor en sus rodillas por la contundencia del binomio Fernández que conduce el país. Aun cuando el rinde de la acongojada cantinela sobre la fantasiosa subsunción de Alberto ante Cristina no decaiga en las parcelas de las subjetividades colonizadas por el terraplanismo ideológico, debían asirse a algo más. Así, dejaron que la base de sustentación del Frente de Todos celebrara la firmeza gubernamental contra la deuda externa y la persecución judicial pero dispusieron su artillería contra la provincia de Formosa y la eyección de Losardo.
La militancia del peronismo silvestre, la efervescencia tuitera del progresismo blanco y los heridos que se lamen lanzando dardos a sus compañeros de ruta patinaron inexorablemente con los dos tópicos. Sobre la represión policial del gobierno de Gildo Insfrán contra 200 comerciantes que resistían el regreso a Fase 1 en el aislamiento preventivo contra el Covid19, el desconcierto los empujó al seguidismo del guión diseñado por los medios de comunicación emplazados en el distrito porteño. Los mismos panelistas que braman y echan espuma para que se rocíe con plomo cualquier protesta en Capital Federal por parte de las administraciones macristas que propinaron sendas golpizas a estatales, docentes, bancarios y trabajadores de la economía popular durante casi 14 años cincharon a los que apoyan el rumbo puesto por la Casa Rosada durante horas. Un like y un vaso de agua no se le niega a nadie.
A las 19:34 del 5 de marzo, la Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que rechazaba el despliegue represivo de las fuerzas de seguridad formoseñas sin dejar de observar el caldo que habían generado durante meses la prensa y la oposición. El ágora se acercó al punto de ebullición bajo el pretexto de que la ferocidad policial se condena “sin peros”. Paradójicamente, los paladines de la libertad 2.0 prescribían la incautación de la propiedad adversativa en las formulaciones sintácticas para la discusión política. No por curiosa carece de efectividad la modalización del habla con que los poderosos recortan el horizonte de los debates: la represión se condena sin explicar causas cuando la responsabilidad recae en un caudillo peronista como si la política fuera una pose estética en una storie de Instagram.
Tal vez, el Gobierno mismo tardó en rescatarse del mareo aunque tenía todo a la mano: la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, y el diputado Waldo Wolf iban camino al feudo del noreste pero, además, el propio Ministerio de Seguridad había detenido el 31 de enero anterior una serie de camiones que transportaba de contrabando 400 toneladas de soja hacia Paraguay para evadir impuestos. En Formosa, viven 650 mil habitantes; se registran hasta el cierre de este artículo 20 víctimas fatales por la pandemia; Insfrán gana por más de 70 puntos las elecciones; los estatales y los docentes acaban de cerrar paritarias por 42 y 47 por ciento respectivamente; la UCR patalea pero no puede meter una baza; y en 2020 se fueron 1900 millones de dólares en cargamentos de granos que no se liquidan en Argentina por la frontera con la nación guaraní, pero el control férreo de las políticas sanitarias sobre sus límites geográficos impide un flujo mayor de mercancías del agronegocio.
Con la jefa de la cartera de Justicia fue similar. La crema de los cuadros políticos vivió las tensiones internas con frenesí y jugaba al Prode de los funcionarios off the record, como si armara un equipo de Gran DT. Ante la pregunta de este medio por el destino de Losardo durante esa misma tarde de viernes, una funcionaria de Jefatura de Gabinete respondió: “no creo que le caguen el Consejo Económico y Social a (Gustavo) Béliz otra vez”. Al parecer, el Presidente tuvo la deferencia de sosegarles la explosiva alquimia tanática a las distintas tribus como no pudo hacerlo cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en El Destape que se había vacunado contra el coronavirus en el Ministerio de Salud.
Resultó incomprensible para los que juegan a una especie de política a la carta que la partida de la amiga de Alberto desde sus épocas de estudiante obedecía más a la saña de Clarín que a la voluntad de poder de La Cámpora o la custodia ideológica kirchnerista, y por ende, cada cual se pasó las horas formando su propia selección para el Gabinete nacional, apoyándose en sus preferencias. Sin perder vigencia por más agotamiento que acumulen sus críticos, el sociólogo Néstor García Canclini ya explicó en su obra cómo operan los dispositivos de poder en la orientación del gusto.
De la mesa por Zoom al juzgado en La Feliz
El ejemplo más acabado de la coordinación aceitada entre los grupos económicos, las corporaciones mediáticas, los juzgados y el elenco opositor se dio esta semana, tras la reunión por Zoom de la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC). Según consigna Clarín en una nota sin firma publicada el 8 de marzo a las 11:33, “Macri pidió mantener en agenda el escándalo de la vacunación VIP”. En ese mismo texto, se narra que los integrantes de ese espacio “analizaron la estrategia para mantener en la discusión pública las vacunaciones de privilegio y conseguir tratar las iniciativas que presentaron en el Congreso”, entre las que se cuentan las citaciones a la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Lo más llamativo es que incluso se informa que los participantes del encuentro virtual “acordaron apuntarles a Fernanda Raverta -titular de la ANSeS- y Luana Volnovich -PAMI- por las irregularidades en las provincias”, luego de que el ex presidente mandara a concentrarse en las presuntas irregularidades que el diario de la cornetita habría revelado sobre el plan de inoculación bonaerense desplegado en Mar del Plata. Al día siguiente, Clarín publicó en su versión impresa que, a partir de las 10 de la mañana, la secretaria de Salud del municipio de General Pueyrredón, Viviana Bernaberi, se presentaría ante la Fiscalía Nº 10 de Delitos Económicos para declarar como testigo en la denuncia radicada por el ayudante fiscal Javier Pettigiani. Desde varios despachos del Congreso ocupados por referentes de La Cámpora, dijeron a este medio que “Macri apunta y Clarín dispara”.
La documentación presentada por ese empleado judicial consiste en las versiones periodísticas del emporio de Héctor Magnetto, donde se mentan nombres como el de Facundo Villaba, referente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Mar del Plata. Conchabado como personal de salud y coordinador de los Comités Barriales de Emergencia (CBE), lo motejan con tinte amarillo como “sindicalista” para encuadrarlo como beneficiario de una irregularidad sin contemplar siquiera que desempeña sus tareas en el Hospital Interzonal. El propio jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sostuvo en conferencia de prensa que “lo ponen como sindicalista, como si fuera una cosa horrible ser sindicalista o un representante gremial, pero no dicen que ese ‘sindicalista’ también era enfermero y le correspondía el esquema de vacunación”.
En la lista del linchamiento mediático también se incluyeron nombres de personal y funcionarios de salud contemplados en el cronograma de vacunación, como los casos del director del PAMI en Mar del Plata, Fernando Mogni, y el delegado local de IOMA, Santiago González, atribuyéndoles afinidad o pertenencia con el Frente de Todos. Mogni apareció fotografiado junto a Volnovich en la imagen que ilustra la nota de la versión impresa del 9 de marzo, justo el mismo día que los adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires se arracimaban en el Luna Park arriesgando su salud sin que la administración de Horacio Rodríguez Larreta pagara costo político alguno.
A esta altura es complicado discernir si Macri apunta y Clarín dispara, como recogió este cronista, o si es al revés. Y hasta carece de sentido, porque se mueven al unísono.
