El gobierno nacional tiene en sus manos el plano de edificación para encarar al FMI con un diseño unificado en la búsqueda de apoyos políticos ante un poder económico que mete pico y pala sobre los cimientos.
El único logro que puede exhibir Martin Guzmán respecto a su gira por Estados Unidos, Nueva York y Washington, es que el FMI haya definido a la inflación como fenómeno multicausal en un comunicado. Así lo reconoció el propio ministro en una red social donde marcó una diferencia radical respecto a la filosofía del gobierno anterior que sostenía que “la inflación se combatía exclusivamente vía política monetaria contractiva”. Previo a esto, el vocero del organismo, Gerry Rice, dejó en claro que no estaban sobre la mesa de discusión los plazos, “las reglas son las reglas”, afirmó.
Hemos estado trabajando de forma constructiva junto al equipo del FMI en construir entendimientos comunes sobre el funcionamiento de la economía argentina y los principios en los que es sano que se base la política macroeconómica. Y hemos logrado avances importantes. ???? pic.twitter.com/9w9sbGPzQe
— Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) March 25, 2021
Que a diez años la deuda es impagable no es una consigna kirchnerista, son las cuentas públicas. Con las reglas que defiende Rice, Argentina debería pagar en 2024 entre 16 y 18 mil millones de dolares con una balanza comercial rondando los 20 mil millones. No amerita ni el mas sencillo cálculo matemático. Si hay 20 mil palos verdes (aprox) para abastecer la demanda de dólares de todo el país a lo largo de un año, no se puede pagar una sola de esas cuentas por un monto que oscila entre 16 y 18.
Esta cuenta es la misma para el Ministro de Economía, la Vice y el Presidente de la Nación. Los tres, también notan que, al tener que comenzar a pagar la deuda en 2024, la va a tener que oblar el próximo gobierno.
Tras las declaraciones de Cristina y del regreso de Guzmán, Alberto Fernández fue concluyente. En el Foro de Financiamiento para el Desarrollo que depende de la Organización de las Naciones Unidas expresó: «Nos encontramos frente a un nuevo desafío global, resulta imprescindible explorar un nuevo marco multilateral para la reestructuración de la deuda pública a nivel global”.
“La incapacidad de viabilizar un endeudamiento sostenible amenaza comprometer la recuperación de las economías en desarrollo con consecuencias catastróficas para la vida de las personas”, coincidió Antonio Guterres, ni más ni menos que el secretario general de la ONU, en su discurso de cierre. Según Guterres, el hecho de que solo seis países fueran incapaces de pagar su deuda externa el año pasado (Argentina, Belice, Ecuador, el Líbano, Surinam y Zambia) ha creado la «ilusión» de estabilidad y «la percepción errónea de la seriedad de la situación».
Estructuras que ya crujían, ahora exponen rajaduras comidas por la profundización de la crisis pandémica. La corrosión de las instituciones jurídicas, partidarias, y de representación tienen su correlato en la arquitectura financiera y los esquemas económicos sostenidos por los mismos actores, aferrados a los pilares que, aún resquebrajados, garantizan ganancias exorbitantes.
Es así que mientras el gobierno de la provincia de Buenos Aires negocia una fenomenal deuda de mas 7 mil millones de dolares, un grupo de acreedores tira del mantel con una embestida judicial en los tribunales de Nueva York. Una vez más, a Axel se la buitrean.
Algo similar ocurrió en el segundo circuito judicial de esa misma ciudad, donde la jueza Lorena Preska, falló en contra del país en la causa que el fondo buitre Aurelius le inició por la manera en que durante el 2014 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner modificó el mecanismo de medición del PBI nacional; y, en consecuencia, alteró según el demandante el pago del cupón que debía liquidarse ese año. La jueza publicó su decisión en un fallo de 38 páginas, donde aclara explícitamente que «Argentina no puede privar a los acreedores de recibir los pagos de intereses cambiando la manera de calcular el PBI», con lo cual a los abogados que representan al país sólo les quedará, en primera instancia, demostrar su capacidad de liquidación. Para Preska, Argentina actuó de «mala fe» al alterar la medición del cupon PBI de ese año y «causó la falta de disponibilidad de datos para evitar el compromiso».
El próximo paso en esta causa, es la obligación para el país de presentar antes del 16 de abril un cronograma de Discovery, por el cual la magistrada pueda conocer la verdadera capacidad de pago del país. Si no lo hace, y si no se ejecutan los compromisos, la jueza podría habilitar una ronda de embargo o cautelares. Sería una situación similar a la que en su momento ejecutó Thomas Griesa en el Juicio del Siglo contra los fondos buitre. De hecho Preska es hoy su sucesora. No resulta ajeno a esto que los papeles argentinos coticen a precio default, y el riesgo país tienda al alza.
Ante el peligro de derrumbe igual resisten frente a la alternativa de una nueva arquitectura.
