Sin más respaldo jurídico que el pataleo por la autonomía porteña, Horacio Rodríguez Larreta fue en queja a la Corte Suprema de Justicia por el decreto presidencial que restringió la presencialidad en las aulas escolares y las actividades de comercios y locales gastronómicos. Fingiendo sorpresa, reclamando avales epidemiológicos y sobreactuando firmeza frente al presunto avasallamiento nacional sobre la Capital Federal que la prensa narra desde 2007, el macrismo alimenta una desobediencia que todavía no encarna en amplios sectores de la sociedad. El que se enoja pierde pero el que no llora no mama.
Si Argentina es el lugar donde mueren todas las teorías, la Ciudad de Buenos Aires es la incubadora de falacias suntuosas para consumo interno más pródiga de la región. Desde los relatos sobre el edén de la autonomía porteña hasta las odas parroquiales al desvencijado sistema educativo, el repertorio verbal macrista se nutre de los experimentos discursivos ensayados en los laboratorios mediáticos sin más consistencia empírica que la persuasión por saturación o la imposición por cansancio.
Bajo esas ecuaciones científicas y sobre sus precarias traducciones técnicas debería leerse la discusión pública sobre la suspensión de la presencialidad en las escuelas del AMBA dispuesta por el decreto del presidente Alberto Fernández, resistido por el Gobierno porteño. Al cierre de este artículo, la situación adquiría ribetes desopilantes por enésima vez en la Macondo argentina: en el ámbito geográfico de los 48 barrios abrazados por el Riachuelo y la Avenida General Paz no se sabía de qué forma se daría la continuidad pedagógica a partir del lunes porque el alcalde optaba por una nueva pelea en el terreno judicial que no desactiva la vigencia de lo resuelto por Casa Rosada y se desentendía de la responsabilidad de conducción política sobre supervisores y directores en los distritos escolares, sembrando anarquía entre pizarrones y pupitres.
En esa orfandad administrativa, los grupos de WhatsApp de mamis y papis se convierten en los escenarios deliberativos para la toma de decisiones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, entre el temor al contagio de coronavirus y los retazos que leen del Emilio de Jean Jacques Rousseau en internet. Mientras tanto, Juntos por el Cambio (JxC) llora por la teta de la Corte Suprema para que emita una cautelar que contradiga la resolución del Jefe de Estado, los sindicatos esperan lo que diga el gobierno del Frente de Todos (FdT), los funcionarios de Balcarce 50 miran los videograph de la televisión y la patria periodística amplifica la congoja acidulada del macrismo para que se propague la indignación con el manual del ofendido.
Sin embargo, una de las lecciones básicas de Instrucción Cívica en el nivel secundario estriba en la concepción de la arquitectura legal argentina bajo el principio de la pirámide jurídica. Según este axioma, no hay ordenanzas municipales ni regulaciones provinciales que contradigan una norma nacional. En la cúspide, la Carta Magna, en cuyo artículo 99 atribuye al Presidente la facultad de promulgar decretos de necesidad y urgencia “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos”.
Al respecto, el jurista Gustavo Ferreyra sostuvo que, desde el 20 de marzo del 2020, no hubo tribunal sudamericano que objetara o invalidara una política pública en materia sanitaria definida por el Poder Ejecutivo, en el marco de la pandemia, salvo en Ecuador –donde la Corte Constitucional mantuvo medidas políticas pero sin Estado de excepción en diciembre pasado, aclara-. “Hasta ahora, racionalmente, la autorrestricción jurisdiccional es la regla, una suerte de benemérito silencio clínico”, explicó en un mensaje que distribuyo entre colegas y periodistas.
A suerte y verdad
Como ninguna de las fuentes judiciales consultadas por Realidad en Aumento se juega por la inclinación de los cortesanos del Palacio Talcahuano, podría inferirse que la moneda está todavía en el aire ante el diferendo planteado por Rodríguez Larreta. Aunque los ánimos se habrían sosegado en la tortuosa relación de un oficialismo que le enrostra lawfare a los togados de la Corte que lo practican, Fernández marcó la cancha con una dosis de astucia, otra de buen tino y una omisión –tal vez, adrede- cuando sostuvo en conferencia de prensa que la Ciudad no es una provincia y, por ende, el cuarto piso del edificio donde funciona el máximo tribunal no tiene competencia originaria sobre lo que se dirima en su jurisdicción.
No obstante, un abogado experto en esas lides evocó el fallo de los supremos fechado el 4 de abril de 2019, en un litigio de la CABA contra Córdoba (CSJ 2084/2017 “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Córdoba, provincia de s/ ejecución fiscal”) para demandarle a la provincia mediterránea el pago de 205 millones de pesos por brindarle atención en nosocomios porteños a pacientes derivados desde las serranías gobernadas por Juan Carlos Schiaretti. En esa ocasión, los magistrados Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, con el voto concurrente de Carlos Rosenkrantz, formaron mayoría y declararon su “competencia originaria en causas en las que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea parte”.
Así, el trío peronista, al decir de Mauricio Macri, sostuvo que a partir de la reforma del año 1994 el distrito local adquirió un nuevo estatus constitucional, expresado en el artículo 129 y cuya letra establece “un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción”, y para colmo citó como precedente el caso Nisman, cuando la Corte falló que “las limitaciones” para darle efectivo cumplimiento a esa regla derivaban de “una situación de hecho transitoria basada en la inexistencia de un poder judicial local completo”. Según el comunicado del Centro de Información Judicial (CIJ), el voto triunfal en la refriega por el servicio sanitario adeudado consignaba que la Ley de leyes reconocía a la parte demandante “como participante del diálogo federal conjuntamente con las provincias, los municipios y el Estado Nacional”.
En disidencia, votó la jueza Elena Highton de Nolasco, quien recordó que la jurisprudencia imponía a la administración de la calle Uspallata “un estatus distinto” y “la Constitución solo le reconoce ese derecho a las provincias”. “Sostuvo que esta doctrina se encuentra fuertemente consolidada a través de innumerables precedentes del Tribunal, sin que se advierta en la actualidad ningún cambio en nuestra realidad constitucional que justifique su abandono”, reseñaba el CIJ.
Por lo demás, el debate sobre la autonomía tendrá que asumirse con rigor más temprano que tarde para que el Estado nacional no termine sometido a la hoguera de las vanidades de las elites con domicilio fiscal en la city y un progresismo seducido por influjos socialdemócratas. Un diputado peronista con insondable kilometraje en el Partido Justicialista (PJ) sugería que no se interpretasen las declaraciones del primer mandatario como una vulneración o una puesta en duda del mentado aspiracional de la Reina del Plata. “Se trata de una confrontación política antes que una discusión jurídica”, soltó.
Atentos al tiempo y el humor, quizá los jueces aguarden al vencimiento del plazo establecido para las disposiciones presidenciales anunciadas el ultimo miércoles. Visto con esa perspectiva, la Corte no fallaría antes del 3 de mayo, hasta contar con la confirmación del regreso a la presencialidad en las aulas o la prórroga de la restricción.
Hipóxicos gritones
En el barrio, se diría que no les llega el agua al tanque pero Buenos Aires es el distrito con mayor producto bruto per cápita de la Argentina y, sin más sustento que las especulaciones de consorcio, el de mayor cantidad de psicólogos por habitante en el mundo. En consecuencia, no solo a la derecha le falta el aire. O dicho de otra forma, nadie escapa al sedazo neoliberal de la fascinación y el goce del griterío.
Si bien no hay espacio para la soja, en el AMBA se cultiva terraplanismo por doquier. Como si tallara una estética del quilombo que eximiera a cualquiera del entendimiento y la lucidez fuese tan relativa como el ángulo de una selfie en Instagram, el ágora pública se recorta en el panelismo de las pantallas que empobrecen y achatan la política. El dilema de la educación virtual por la emergencia sanitaria no es la excepción.
La paradoja de la semana estuvo signada por la coincidencia inicial de distintos funcionarios de las dos coaliciones imperantes sobre el dato de que los contagios no se dan en las escuelas. El resumen estribaría en que tanto el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, como su par porteña, Soledad Acuña, entendían que la situación epidemiológica no indicaba la necesidad de interrumpir las clases en las aulas. Para sorpresa del reduccionismo habitual en estas pampas, también la titular de la cartera educativa de la Provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, y hasta el propio secretario general de Suteba, Roberto Baradel, compartían con matices el mismo criterio sobre la incongruencia de suspender la presencialidad sin establecer el cierre de los shoppings.
Solo la terquedad ideológica convidó al auditor Miguel Ángel Pichetto con la tentación de tropezarse con su resentimiento al aire y achacarle a Baradel la postura del Presidente. Hasta la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el jueves por la mañana admitió lo mismo que Trotta sin que su postura la convierta en macrista para los campamentos que tributan al FdT. Afinó el lápiz y reparó en parte los hiatos de los fundamentos oficiales el profesor Alberto Sileoni, otrora jefe del ex Palacio Pizzurno, cuando dijo que el virus no se expandía en las escuelas pero sí en la circulación de personas.
Acaso convenga reparar en el detalle de que los cabildeos y las discusiones son intensos en los gabinetes de las tres jurisdicciones, más allá de las versiones que postulan que el gobernador Axel Kicillof impuso su mirada esta semana y Fernández accedió a sus demandas restrictivas luego de que intercediera en su nombre la vicepresidenta Cristina Kirchner. La síntesis política, en la actualidad, cotiza más que el bitcoin.
Sin ir más lejos, un dirigente del peronismo bonaerense que había escalado muy alto durante el kirchnerismo tuvo un fuerte intercambio telefónico con el recientemente asumido al frente del PJ nacional, recomendándole que pidiera disculpas a los médicos por su desliz con la palabra “relajamiento” durante su anuncio, lo mismo que el basamento de su opinión sobre el riesgo sanitario por el supuesto intercambio de barbijos entre chicos en la puerta de una escuela. El gobierno de los científicos, a veces, no tiene mucho respeto por los metodólogos. Por otra parte, la anécdota no es la primera que le refieren a este cronista para comentarle cierto dejo de soberbia entre las características del hombre que ocupa la primera magistratura, a pesar de que lo disimula bastante bien y no revierte la tendencia general de los consumidores de literatura periodística que creen con fervor que ese defecto es mucho más imputable a su compañera de fórmula.
Tampoco la tienen fácil las conducciones gremiales. Antes que el decreto de la discordia copara la agenda, los sindicatos docentes fueron al paro en la Ciudad para exigirle a Rodríguez Larreta que suspendiera las clases presenciales. Que la medida de fuerza fuese utilizada por Ademys y la UTE, que suelen ponerse a la cabeza de los reclamos de los maestros, no era novedad pero la huelga fue convocada –incluso, antes que la regional de CTERA- por CAMYP, la Unión Argentina de Maestros y Profesores que se sitúa a la derecha del barómetro ideológico y que aportó a su histórica secretaria general, Ana María Ravaglia, como subsecretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación en tiempos de Esteban Bullrich. “Hay que ir a buscar a las hemerotecas cuándo fue el último paro de CAMYP”, le dijeron a este medio desde la oposición porteña, y a esa inquietud se podría añadir el rastreo para detectar si alguna vez se manifestó contra el macrismo.
Ya durante la tarde del jueves, cuando bajaban la espuma de la victimización cuestionada y la admiración concedida a la puesta de Rodriguez Larreta desde las bases militantes del FdT, un intelectual con despacho en Gobierno advertía que la apreciación sobre la exposición del jefe municipal cambiaría cuando aumente la curva de contagios, asumiendo que esa suba le parece inexorable. Y entre los padres de la comunidad educativa que se asumen kirchneristas pero defendieron desde la primavera del año pasado la presencialidad con protocolos estrictos, vibra la hipótesis de que tal vez se prorroga el decreto en lo que alcanza al sistema educativo. Lejos de los que promueven abrazos a los college de Zona Norte, atan su esperanza sobre la escolaridad de sus hijos, la salud de sus familias y el destino del gobierno que reivindican en la anhelada merma del virus y el compromiso gubernamental de que solo sea por 15 días, aunque más no sea para no ofrecerle otro flanco a JxC.
A favor de ese derrotero imaginario, podrían contarse las imágenes de las calles vacías desde la noche del viernes, pasadas las 20 horas, y a pesar de las protestas del sábado en el Obelisco y la Quinta de Olivos. También la innumerable cantidad de encuestas que dan cuenta de que el miedo al contagio, que había empezado a ceder frente al temor por la penuria económica, acredita todavía robusto sustento en las consultas sobre el regreso de los estudiantes a las aulas. Por caso, el último informe del Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea (IESAC) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) arrojó que el 70 por ciento de los consultados en el AMBA consideraban que era preferible que la presencialidad se diera cuando los docentes estuvieran vacunados y el 74 por ciento contestó que cada familia debería tener la potestad de definir si envía a los chicos a la escuela o mantiene la educación virtual.
Fernández debe tener los ojos puestos en las planillas de Excel y sus filminas para la observación del estrés sanitario pero, evidentemente, también es sensible a los decibeles de un malestar que no tiene mucha voz en la panoplia mediática.
