Las reacciones del establishment no sólo somatizan el rush que les provoca el pago de un tributo al fisco sino la irritación de que el país entero sepa quiénes son, dónde están y qué hacen los millonarios con las cuentas más abultadas de Argentina. Los dueños de todo le rehúyen al modo selfie porque una cuota de su poder reside en su capacidad para la acumulación y fuga de sus fortunas ante la ignorancia de la sociedad.
“El 17 de noviembre se va a producir el hecho político del año”, auguraban en las cercanías del diputado Máximo Kirchner mientras todavía se debatía en el ágora virtual de la pandemia el saldo que calculaba el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, tras su reunión con la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). En ese mitin, el mandamás del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, pretendió explicarle al carrilero platense que para ordenar la economía primero había que ordenar la política, al paso que sus contertulios se abanicaban con el pliego de demandas habituales bajo estribillos sobre la confianza y la rebaja impositiva.
Las jornadas que siguieron prepararon el terreno para que la militancia sindical y territorial del Frente de Todos colmara las inmediaciones del Congreso mientras los diputados debatían en recinto el Aporte Solidario Extraordinario (ASE). Luego de siete meses de postergaciones, dilaciones, retoques y deliberaciones inextricables, el proyecto se sometió a tratamiento y despertó a la clase dominante de la apacible siesta que atravesaba, entre las facilidades fiscales diseñadas por el Gobierno en el marco del asedio viral del Covid-19 y las espaldas labradas durante décadas de ventajas financieras incomparables.
Desde las patronales rurales y la Unión Industrial Argentina (UIA) hasta el Foro de Convergencia Empresarial (FCE) o el banquero Jorge Brito, los actores más gravitantes de la constelación del exclusivo porcentaje alcanzado por el gravamen pusieron el grito en el cielo. “El impuesto a las grandes fortunas solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto”, soltó una semana antes del trágico accidente, el titular del Banco Macro y activo sponsor de las aventuras electorales de Sergio Massa. Presidida por el cuñado de Roberto Urquía y gerente de Aceitera General Deheza, la central fabril difundió en las horas previas un comunicado que rezaba con trampa: “el sesgo con el que se ha diseñado este proyecto descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo”.
Ya a fines de abril, el FCE también confundió el destinatario del tributo y asimiló que apuntaría a las ganancias empresarias, tal como recuerda un documento que hicieron circular al interior del bloque oficialista en la cámara baja. “La creación de nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas representa un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión”, expresaron los foristas a través de una gacetilla. Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consideraron que la iniciativa es “ayuda solidaria al mejor estilo Robin Hood: continuar asfixiando a quien produce para repartir a los sectores más carenciados”.
Esa conducta de los jeques pampeanos no es nueva y el Gobierno tampoco la desconoce. La evocación jadeante sobre la 125 que esgrimiera la líder del Partido Pro, Patricia Bullrich, cuando se anunció la fallida expropiación de Vicentin no aparece ahora en el radar discursivo o no ancló todavía entre los seguidores de Juntos por el Cambio en sus expediciones terraplanistas hasta el Obelisco. Sin embargo, el ASE tiene la cualidad de poner en foco a los que encanutan sus riquezas en la opacidad del regresivo sistema tributario, la persistente elusión de impuestos con salvoconductos a paraísos fiscales sitos a un Buquebús de distancia y la absorción o integración de firmas bajo la égida de grupos económicos asociados al capital extranjero o simplemente herederos de la oligarquía local. Quiérase o no, el Gobierno recortó la figura de un adversario y empezó a definir su propia identidad.
¿Guién so’?
Si tenía razón Friedrich Nietzsche cuando decía que la talla del enemigo define la propia, el presidente Alberto Fernández no pifió al apuntar, más allá de sus modulaciones verbales, a los más ricos como antagonistas. El último informe de la consultora Analogías, fechado el 10 de noviembre pasado, calculó que el 67,5 por ciento de los encuestados considera que los empresarios ayudaron poco y nada durante el apogeo del coronavirus.
Y aunque se descuenta su aprobación en el Senado, la pregunta es si los magnates tocarán las puertas de los tribunales para zafarse de la AFIP. Tal vez el ingenioso CEO de TN&PLatex, Teddy Karagozian, esté jugando al cadáver exquisito para encontrarle la vuelta a una declaración rimbombante, como la que recogió la agencia NA el último 2 de junio cuando profirió que “es un negoción sacar los dólares del país”. En el mismo despacho noticioso, el productor de medias sostuvo: “El problema de la pobreza no es que los ricos no pagamos impuestos [sino que] el Estado argentino es caro porque es el perro que se persigue la cola. Pagamos tantos impuestos que la mayoría se va del país porque no encuentra ningún cambio para invertir. No te digo que nos hagan monumentos, pero que no nos desprecien”.
La habilidad para los negocios que acreditan los popes empresarios también se traduce en olfato político. En un reportaje concedido a Infobae, el jefe de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, se manifestó en contra de que hubiera más impuestos y, agorero, vaticinó que “el ‘repechaje’ de esta situación, entre lo que puede llevar que baje el proceso de contagio del coronavirus y se vuelva a poner en marcha la producción, va a durar, como mínimo, unos seis meses a partir de mayo”. A 24 días del decreto que establecía el ASPO, Funes de Rioja auguraba que la refriega se abriría en noviembre. Mantenga diálogo o no con quienes adelantaron a Realidad en Aumento el tenor del Día de la Militancia, al menos no puede alegar sorpresa por el desenlace.
El hándicap de los millonarios radica, además, en la dificultad del Estado para ponerle el cascabel al gato. A propósito de ese desafío, el INDEC anunció esta semana que iniciará el Censo Nacional Económico 2020/2021 a partir del 30 de noviembre, al decir del organismo, “un operativo estadístico que permitirá conocer la estructura económica actualizada de la Argentina”.
El último registro de estas características se realizó en 2005 y esta vez se buscaría, por un lado, la confección de una lista digital estadística de todas las unidades económicas con actividad en el territorio nacional y, por otro, “un conjunto de encuestas estructurales económicas y encuestas sectoriales para obtener información sobre producción e insumos desagregados por actividad y por producto, canales y márgenes de distribución, entre otros datos relacionados a las sociedades no financieras”.
No obstante, el censo de la entidad que conduce Marco Lavagna es imprescindible pero no suficiente. En el documento de trabajo Nº 26 del Área Economía y Tecnología de Flacso, Eduardo Basualdo, Pablo Manzanelli y Daniela Calvo aseguran que el Estado adolece de falta de herramientas y carencia de información al respecto, y postulan que “se requieren la creación de un registro de grupos económicos en el que consten las empresas controladas y vinculadas por cada uno de ellos y sus principales variables operativas” y “una matriz de insumo-producto actualizada, así como de los bloques sectoriales que se desprenden de la misma”.
Con su propio ranking de las 200 firmas de mayor facturación como respaldo, los tres investigadores aseveran que actualmente talla con fuerza la actividad bajo estos conglomerados, cuya figura jurídica no está acuñada aun pero es, a su criterio, la “nueva” expresión de esta unidad económica basada en la propiedad de múltiples corporaciones bajo una misma dirección estratégica. “Sería atinado incorporar el grupo económico al ‘institucionalizarlo’ como una figura relevante en el sistema jurídico, tanto o más que la que ya tiene la sociedad anónima”, esbozan en el texto de 90 páginas que publicaron en agosto, y agregan: ello permitiría, por un lado, establecer nuevas reglas de juego para las transferencias de paquetes accionarios, así como para las estrategias de integración vertical, horizontal y de conglomeración de los grandes capitales nacionales y extranjeros, y por el otro fijar normas que reglen las relaciones entre ellos y las compañías de menor envergadura que sean proveedoras de insumos o que compitan con alguna de sus líneas de productos”.
Las derivaciones de esas maniobras de articulación y subsunción facultan al “holding”, merced al control de los núcleos técnicos y económicos de los bloques sectoriales, para determinar los precios del todo el bloque sectorial e imponerse incluso frente a competidores oligopólicos. El conocimiento acabado de estos movimientos en la cima del empresariado sería un escalón más en el camino a la regulación de la formación de precios y la detección de posibles prácticas desleales, explican los especialistas.
Somo’ losotro’
El movimiento se demuestra andando, decía Carlitos Balá a bordo de la inocencia de un programa infantil, y su frase bien podría mentarse como la vigésima primera verdad peronista. A casi un año de su asunción, el gobierno del Frente de Todos logró plantarse en el centro del ring por primera vez sin retroceder ante el asedio del dispositivo combinado entre la patria financiera, sus plataformas mediáticas y el elenco estable de la oposición.
Ante la decisión exhibida, la panoplia televisiva y radial se colgó de los títulos impresos en Clarín y La Nación sobre el supuesto ajuste en curso: acusar a una experiencia política que se autopercibe nacional y popular de instrumentar un recorte sobre haberes jubilatorios o prestaciones como el IFE o el ATP pega en la línea de flotación de un barco donde sus tripulantes aprenden día a día a decirse que “es con todes”, mientras se muerden la lengua. La operación de la prensa es precisa desde lo quirúrgico y contundente desde lo ideológico pero no horada la base de sustentación oficial.
Al cierre de esta edición, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, anunciaban que el sector pasivo y los beneficiarios de la AUH percibirían un incremento del 5 por ciento en diciembre. En definitiva, otra señal de que la Casa Rosada no se expondrá a la zozobra en el mes más caliente de la historia reciente.
El centro de estudios CIFRA-CTA publicó esta semana un relevamiento sobre la evolución de las jubilaciones bajo el cálculo diseñado en 2008, sopesando en la ecuación las subas salariales y la suba de la recaudación impositiva. Según los economistas de esa central obrera, “las jubilaciones tuvieron un incremento significativo, que acumuló 21,3% en términos reales entre diciembre de 2008 y el mismo mes de 2017, cuando el gobierno de Cambiemos modificó la fórmula”. “En esa oportunidad, se argumentó que el cambio favorecería el mantenimiento del poder de compra de las jubilaciones, pero […] se perdió un 14,5% en términos reales en la jubilación mínima mientras esa fórmula basada en el IPC y los salarios estuvo vigente”, detallan en su pieza.
Firmado por Mariana González, el informe reconoce que la propuesta anunciada por el Ejecutivo el pasado 9 de noviembre “establece un tope a los incrementos, que no podrán superar en más de 3% la variación de la recaudación total de ANSES por beneficio en los últimos 12 meses”. Y curados de espanto, en la sede de la calle Piedras al 1000 consideran que “sería deseable complementar la propuesta con un piso que limite las posibles caídas de poder adquisitivo en los haberes en momentos recesivos”, toda vez que las subas se producirían auspiciosamente conforme crezcan los sueldos de la población económicamente activa (PEA) y la recaudación. Como corolario, se advierte que en octubre de 2020 “el poder adquisitivo del haber mínimo quedó 18,8% por debajo del previo al gobierno de Cambiemos”.
En ese contexto, las organizaciones sindicales y los sectores populares utilizan los mecanismos que tienen a mano para expresarse, con fervor político en apoyo al Jefe de Estado o mezquindad y pragmatismo para alambrar la quintita según el caso. Hasta la bancada de senadores por el Frente de Todos le escribió una carta al FMI para decirle que no aceptaría cualquier condicionamiento de parte del organismo multilateral de crédito. Mensaje a dos bandas, esa misiva tranquiliza a los núcleos militantes que rechazan una negociación complaciente con los acreedores y nutre a Guzmán y al primer mandatario, que podrían debilitarse si se pasaran de la raya con gestualidades en el cabildeo para un acuerdo que postergue vencimientos.
La disyuntiva es compleja porque la coalición gobernante no sólo está animada por la clase trabajadora y los sectores medios maltratados por el macrismo sino también por los grupos económicos locales que terminaron pidiendo la escupidera cuando la valorización financiera del mandato cambiemita implosionó. El genio político de quienes conducen el proceso en curso será tramitar las tensiones sin que se desgarre la alianza, admitiendo que el empate no saca a los postergados de las penurias y sabiendo que los que van ganando no ceden un ápice.
¿Qué somos?
Valga como ilustración que el ranking de Flacso arrojó que las principales empresas de grupos económicos que más facturaron en 2018 fueron encabezadas por Vicentin, con el 34,4% de las ventas; seguida por Ternium (ex Siderar), con 20,7%; Molinos Agro, con 13,6%; Swiss Medical, con 10,1%; Mercado Libre, con 8,2%; Pampa Energía, con 5,3%; y Aceitera General Deheza, con 4,7%. Siderca; IyE Patagonia y Mastellone se reparten el resto del total que junta el top ten.
Pero la tabla de posiciones se metamorfosea si se considera a los conglomerados antes que a las firmas en sí. Basualdo, Manzanelli y Calvo encuentran casos que tienen un número variable de entidades controladas dentro del holding, como los sellos de Paolo Rocca, Alberto Padoan y Sergio Nardelli, Marcelo Mindlin, Aldo Roggio y Luis Pagani, entre otros. “De esta manera, los cinco primeros grupos económicos concentran el 48,7% de las ventas, mientras que los 10 primeros grupos de acuerdo a su facturación llegan al 71,7%”, precisan.
Tamaño poderío no redunda en otra cosa que un mazo de cartas marcadas donde el capital siempre es mano y el trabajo juega a ciegas. Aunque parezca una proeza utópica, el Estado tiene una nueva oportunidad para barajar y dar de nuevo, con el objetivo de enhebrar una estrategia regulatoria que discipline a los hombres y mujeres de negocios.
Desde el Área Economía y Tecnología de Flacso, arriesgan una hipótesis. Entre las acechanzas, se abre un desfiladero para el movimiento obrero: sin eliminar la tradición de sindicatos por actividad, urge una coordinación de clase para hacer músculo en las negociaciones con los grupos y, eventualmente, plasmar esos desarrollos en sindicatos por conglomerado que no prescindan de las estructuras organizativas anteriores.
Para eso, se requiere de un proyecto político que no presuma de ser gobierno y arbitrar con neutralidad, a la vez que se torna insoslayable un movimiento popular que deje de mirarse el ombligo para contarle las costillas a los que claman por el ajuste pero responsabilizan a sus víctimas.
Muy bueno Dipi!!!