Las selfies de la luna de miel
“Será un camino de espinas y vamos a tener que contener a muchos compañeros”, vaticinaba un dirigente sindical curtido antes que Alberto Fernández asumiera la Presidencia, en diciembre de 2019. El coronavirus era por entonces inimaginable pero cualquier cuadro político con mediana lucidez avizoraba que la experiencia del Frente de Todos no redundaría en jactancias de un festival redistributivo.
Bajo el influjo del jolgorio triunfal contra el macrismo, el Gobierno instrumentó una serie de medidas reparatorias, como los bonos a los jubilados que cobraban la mínima hasta que se diseñara una nueva fórmula para el cálculo de los haberes, pero subordinó el rumbo económico al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los holdouts. Si el lector perdiera la memoria a corto plazo y pudiera aferrarse solo al clima de los primeros días de 2020, encontraría un gabinete animado por un elenco fulgurante que lucía en redes sociales, una coalición en funciones que marchaba sin fisuras detrás las instrucciones del Jefe de Estado al ministro de Economía, Martín Guzmán, para un cierre decoroso con el frente externo y algunos cuestionamientos marginales al fiscalismo, como el de Claudio Scaletta en el suplemento Cash de Página 12.
Solo algunas voces del sindicalismo argentino, como las del diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y el líder de los estatales de ATE-Capital, Daniel Catalano, advertían por entonces el riesgo de que se perdiera la oportunidad histórica de una revisión e impugnación del préstamo contraído por la administración de Cambiemos y la fuga trazada con la bicicleta financiera. La luna de miel embelesaba a la mayoría y los debates sobre el mejor modo de desmontar el lawfare concitaba la atención de las minorías militantes.
Paradójicamente, la pandemia y las disposiciones sanitarias para la prevención del contagio suspendieron y diluyeron casi todas las instancias deliberativas, incluidas las concernientes a las construcciones gremiales. El primer mandatario ofició las veces de pediatra sobre una sociedad que pataleaba contra el aislamiento y otras tantas apeló a su prédica docente, con mayor o menor suerte. Castigado por los azotes del neoliberalismo desembozado durante los cuatro años previos, el movimiento obrero, tanto en sus vertientes más dinámicas y combativas como en sus corrientes más burocráticas y conservadoras, debió guardarse por salud y, al mismo tiempo, sintió con mayor profundidad el entumecimiento por la quietud: sin la calle a la mano, hubo sindicatos que pudieron arreglárselas frente a las patronales pero abundaron los que se sentaron a mesas de negociación donde prevalecían los empleadores, con la venia del propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a pesar de decretos presidenciales como el que prohibía los despidos.
El recuerdo de un pasado reciente calamitoso y la incertidumbre frente a una enfermedad sin cura ni vacuna servían de autocomplacencia o para masticar rabia, dependiendo de la tonificación ideológica. Frente al amague de un posible sujeto histórico alrededor de las prácticas de cuidado, los trabajadores se abrazaron a la esperanza contra la experiencia. Y aguantaron como pudieron.
Los likes de la discordia
Si bien los procesos de deslocalización productiva y la concentración del poder en las grandes corporaciones databan de antaño, la pandemia los aceleró. Pese a la tendencia vernácula a mirarse el ombligo, el saldo de ese estrago fue más ruinoso en el resto del subcontinente que en esta pampa gringa: un informe de la Cepal, fechado en julio de 2020 y firmado por Jürgen Weller, Matías Gómez Contreras, Ángel Martín Caballero y Javiera Ravest Tropa, reveló que “el nivel del empleo se contrajo marcadamente en todos los países, con caídas de alrededor de un 10% en Chile y Colombia, alrededor de 5% en el Brasil y alrededor de 30% en Lima Metropolitana”. “En términos absolutos la pérdida de empleo afectó a alrededor de 7,8 millones de personas en Brasil, 4,2 millones en Colombia, 2,4 millones en Lima Metropolitana y 1,6 millones en Chile”, graficó ese paper, y agregó: “en México, entre marzo y mayo de 2020 se perdieron aproximadamente 12,2 millones de empleos”.
Aunque mal de muchos sea consuelo de tontos, resulta contrastante el panorama cuando se recuerda que tanto en Perú como en Chile se habilitó a los trabajadores a tomar cuotas de sus aportes previsionales para su propia subsistencia en pandemia. Tampoco la comparación otorga indulgencia a largo plazo, más allá de la aplicación de mecanismos como el IFE o los ATP, pero la crudeza de la situación dejó al descubierto la insuficiencia del Estado y la debilidad de las organizaciones sindicales y sociales para mantenerse de pie en defensa de sus intereses de clase.
Durante los primeros días de agosto, el centro de estudios CIFRA publicó en su dossier mensual que “en el segundo trimestre de 2021 el salario real de los trabajadores registrados en el sector privado cayó 4,2% respecto a igual período de 2020 y 5,3% respecto a 2019”. “Así, el poder adquisitivo del salario es 20,1% menor al cuarto trimestre de 2015”, resumió en la presentación firmada por Pablo Manzanelli y Daniela Calvo.
Sumidos en una puja distributiva perdidosa, los sindicatos chillan o aprietan las muelas y los principales grupos empresarios acumulan, fruto de la transferencia operada desde el Estado al bolsillo de la población y a través del consumo a las arcas de supermercadistas y otros actores de una cadena de producción integrada verticalmente, las mayores tajadas de la masa dineraria. Entre las curiosidades de la etapa, raya alto que los funcionarios con jurisdicción en la trifulca se autoperciban árbitros tocando el pito de la neutralidad.
Con ese mar de fondo y una informalidad laboral que ronda el 47 por ciento, se dio la querella entre un sector de la alianza gubernamental con las organizaciones de la economía popular, cuyos principales referentes acreditan asientos en Jefatura de Gabinete o el Ministerio de Desarrollo Social, tras la marcha del Día de San Cayetano. Una disputa intra-sector público, podría decir un politólogo sueco, pero son más pertinentes las indagaciones de la socióloga argentina Cecilia Anigstein, quien inquiere en sus investigaciones “qué rol les toca a los sindicatos en las políticas de recuperación post COVID-19, hoy a la defensiva, encogidos en su capacidad de representación por la caída del empleo y el enorme peso del empleo informal y a cuenta propia”.
Magíster y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento, porfía con la idea de la “centralidad del trabajo” pero reclama “una estrategia de sindicalismo sociopolítico”. “Las organizaciones de trabajadores se encuentran debilitadas y a la defensiva en sus luchas y negociaciones sectoriales frente a las empresas, por eso los resultados no son los esperados ni deseados”, escribió recientemente para el portal Polemos. Ante eso, postuló la necesidad de “articular alianzas intersectoriales que involucren no solo a sindicatos sino también a organizaciones de pequeños y medianos empresarios afectados por la crisis, al movimiento indígena-campesino, el movimiento estudiantil y a los feminismos como alternativa de concentración de fuerzas y unidad”.
Por su parte, el secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, declaró en un reportaje para La Nación Trabajadora que la conformación de un nuevo sujeto histórico requiere “un proceso de acumulación de experiencia y de fortaleza para dar el salto y da la impresión que, además de discutirlo localmente, hay que abordarlo desde lo global” porque “no lo puede hacer un país solo”. Con más de 24 años al frente del gremio y habiendo impulsado la incorporación de los trabajadores de la UTEP a la CGT mientras ocupó una de las sillas en el triunvirato de Azopardo, consideró que ni la dictadura ni la década del 90’ fueron en vano: “nosotros éramos un gremio enteramente estatal hasta que en el 95’ se concesionó nuestro sector, tuvimos que aprender a discutir convenios colectivos de trabajo con los privados y ahora tenemos 5 convenios colectivos y tenemos cerca de 800 trabajadores en el sector privado”, le dijo a Realidad en Aumento. No obstante, sopesó que “ese pasaje y esa acumulación de experiencia ha dibujado otra dirigencia”.
Hartes de grupitos de WhatsApp
Tan didáctico como sereno, Guzmán concedió el mes pasado una entrevista a revista Crisis pero la cuña verbal más filosa la soltó el autor de la nota cuando consignó que al ministro “le tocó gestionar el peronismo de la escasez”. Casi un oxímoron para los fanáticos de la liturgia, la frase devuelve las disertaciones al encierro inquietante para encontrarle la vuelta a una mano sin cartas para el rabón. O para no tropezar con defecciones políticas, se puede presumir que no haya abundancia pero ningún luchador social debería renunciar a la pelea por el excedente.
En ese sentido, ganaron lugar en la agenda pública los tópicos de la reducción de la jornada laboral y la renta universal. Defendido por Yasky o el líder de los empleados bancarios, Sergio Palazzo, el achicamiento del tiempo de trabajo fue objetado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y relativizado por el propio Schmid bajo el argumento de que no sirven medidas aisladas. La demanda podría beneficiar también, alega el hombre que encabezó el descubrimiento de la estatua de un obrero de dos metros en plena faena de dragado en la sede de Buquebus -al cumplirse el quincuagésimo aniversario de la creación de su sindicato-, a los empresarios que obtengan una ecuación más favorable con horas extra. El modelo Carpani del Siglo XXI se parece más a un Frankestein que a un gigante compacto y musculoso.
Anigstein, por el otro andarivel, presta la prosa del artículo citado antes para tantear el peligro derivado del tipo de “vínculo social que potencialmente puede dinamizar o dislocar” el ingreso ciudadano. Su preocupación estriba en las acechanzas de “una filosofía política individualista, donde el Estado se relaciona de un modo radial y unilateral con individuos que aparecen distribuidos y fragmentados en mercados de trabajo y consumo”, y alerta ante la chance de que no haya “rastros de mediaciones colectivas como los sindicatos o los movimientos sociales, que suelen jugar un rol central en los procesos de ampliación de derechos y redistribución de la riqueza”. Punto para Juan Grabois.
Sin embargo, lo que de verdad atemoriza a dirigentes y funcionarios que cabildean por WhatsApp es la inexorable captura de esos recursos una vez bancarizados o su destino sin escalas en el drenaje de cadenas de producción con terminales en el extranjero. Dadas esas condiciones, el clamor por un nuevo contrato social, una arquitectura jurídica que resguarde a la sociedad de la timba del casino internacional, se torna imperioso. Tanto la vicepresidenta Cristina Fernández como Guzmán se han pronunciado al respecto. “Los mercados no funcionan en un vacío, sino que funcionan dentro de marcos de leyes, reglas, normas e instituciones cuyas formas dependen de procesos políticos, que a la vez dependen de cómo se distribuye el poder político, que a su vez depende de cómo se distribuyen los recursos económicos”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda el 20 de mayo de 2019… después de una reunión con Joseph Stiglitz y el Papa Francisco en el Vaticano. Habían pasado dos días del anuncio de la fórmula con Alberto Fernández por parte de la jefa política del kirchnerismo.
Hasta que la urdimbre del Frente de Todos concrete esa promesa de campaña se postergará el alumbramiento de formas organizativas que superen las estructuras declinantes. Mientras tanto, la historia seguirá pivoteando entre el miedo al final terrible o la costumbre frente al terror sin fin.
