Editada minutos antes del atentado contra la Vicepresidenta, esta nota se concentra en el último debate previo a la agudización de la zozobra política por el odio de clase contra el peronismo.
La diatriba de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra la autonomía porteña fue una tentación insoslayable para sus detractores. Al unísono, adversarios a repetición y panelistas del star system fingieron estupor luego de que la líder del Frente de Todos (FdT) dijera que “de repente, una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles” de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía retumbaban las repercusiones de la represión del sábado pasado, en la esquina de su domicilio, cuando la ex mandataria sostuvo frente a legisladores de su bloque que “esto debe ser replanteado”. “Primero, porque la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto, y además porque creo que esta ciudad es de todos los argentinos”, argumentó para rabia de sus contrincantes.
Sin ir más lejos, Clarín publicó en tapa ayer que ya hay “fuerte rechazo opositor”, mientras que La Nación eligió enfocarse, desde su portada y con un copete que anuncia la prosecución del texto en página 8, en el “refuerzo” del oficialismo contra la autonomía de la Ciudad. La grieta ordena con la velocidad creciente de la desertificación ideológica el ágora pública, bajo una lengua de presuntos contrastes sin sustancia.
Encima, el diputado Máximo Kirchner respaldó esa perspectiva en un reportaje concedido a la emisora del portal El Destape. “Son discusiones que venimos dando”, admitió, y añadió que “el territorio argentino es amplio y extenso para estar amontonados”. Aludió, en ese sentido, a la concentración del 90% por ciento del sistema mediático en la jurisdicción local y la radicación de las oficinas de YPF en territorio porteño, cuando el grueso de su producción se genera en la Patagonia.
La discusión, sin embargo, reviste cierta complejidad. El artículo 129 de la Carta Magna reformada en 1994 dice que “la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad”. La Convención Constituyente se reunió durante semanas en las ciudades de Santa Fe y Paraná ese año, congregando a 305 legisladores. Su sanción se produjo el 24 de agosto y la actual Vicepresidenta votó a favor como convencional.
Ese texto bien podría considerarse una derrota política histórica de las reivindicaciones de los caudillos provinciales pero trató de ser empardada mediante la Ley Cafiero en 1995, con el propósito de impedir que la Capital Federal contara con una fuerza de seguridad propia y recortarle atribuciones que las familias pujantes del distrito siempre anhelaron. O dicho más pomposamente, se trataba del resguardo de las garantías del Estado nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante, no es lo mismo un régimen de gobierno autónomo que una ciudad autónoma, acotó un jurista prestigioso a La Patriada.
Quizá haya que interpretar que el oportuno interés público de una fracción del oficialismo incluya una revisión del saldo perdidoso de las elecciones que Mauricio Macri le ganó en ballotage a Daniel Filmus en agosto de 2007 y trascienda la acusación al otro para el abordaje de la asunción de las deficiencias propias. Fruto de aquel batacazo de la derecha en las urnas, el Senado derogó, 48 horas después y por unanimidad, la cláusula 7 de la norma que llevaba el apellido del ministro lactante de Juan Perón, y el 6 de septiembre siguiente el por entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto que ratificaba la voluntad del Congreso. A lo Kirchner versus Kirchner, en una semana la ex Jefa de Estado marcó en rojo dos claudicaciones de su compañero y antecesor en la primera magistratura del país, si se cuenta además la mención de la fusión entre Cablevisión y Multicanal que el santacruceño le habilitó al mandamás de Grupo Clarín, Héctor Magnetto, antes de que culminara su mandato.
Para colmo, la titularidad de los recursos naturales es todavía materia de controversia. “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Debe interpretarse que el dominio de los recursos naturales corresponde a la Nación o a las provincias según el territorio en que los mismos se encuentren”, establece el artículo 124 de la ley de leyes.
Al respecto, el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) -dependiente del Ministerio de Justicia- arguye que “a la luz de la intención de los constituyentes se concluye que el reconocimiento del dominio de los recursos naturales en manos de las provincias no sustrae a estos bienes de la jurisdicción exclusiva del Congreso nacional, entendida esta como potestad de regular jurídicamente las relaciones que nacen del uso y aprovechamiento de los recursos naturales”. “En ejercicio de esta atribución que le ha sido conferida, el Congreso nacional podrá reservar al Estado nacional la totalidad de las facultades que surgen de la Ley de Hidrocarburos o bien podrá distribuir las competencias entre la Nación y las provincias”, alega.
La norma en cuestión es la Nº 17319, fue sancionada el 23 de junio de 1967, bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, y ha sufrido incontables modificaciones. Acuciado por la delgadez de las reservas en el BCRA, el ministro de Economía, Sergio Massa, camufla esa carencia bajo una hiperactividad pertrechada de anuncios complacientes con el sector, profundizando el itinerario que se le bloqueaba a su antecesor en el cargo, Martín Guzmán, y sin resultados encomiables hasta el cierre de este artículo. Los ditirambos asumidos por el presidente Alberto Fernández sobre el desarrollo que la petrolera de bandera encararía con la malaya Petronas pasarán por el tamiz de la comprobación empírica con la misma impaciencia financiera y zozobra económica.
A los tiros
“Julio Argentino Roca federalizó la Ciudad de Buenos Aires para que nunca el presidente de la República estuviera en una ciudad que tuviera un ejército conducido por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, esa es la explicación concreta acerca de por qué se federaliza el distrito”, explica el abogado y auditor porteño en representación del Partido Justicialista, Lisandro Teszkiewicz, y completa: “después de ganarle a tiros a Carlos Tejedor, Roca estableció una jurisdicción donde todas las personas armadas estaban bajo su conducción”. La historiografía oficial fecha ese acontecimiento el 6 de diciembre de 1880, con la promulgación de la ley 1029.
En los archivos del Museo Roca se puede hallar la portada del diario La Tribuna de aquella mañana. “Buenos Aires ya no es de los porteños”, rezaba uno de sus titulares. El periódico El Nacional, por su parte, se despachaba con más sorna: “Ahora pertenece a los argentinos. ¡Qué vergüenza! No es verdad. Y pensar que también pertenece a los argentinos la gloria de la independencia y la bandera”. Como si fuera poco, el remate arengaba: “si vamos a este paso, los porteños, que no son argentinos, se van a quedar sin camisa”.
Más allá de los testimonios jocosos, la misma fuente recoge que por aquellas jornadas “se enfrentaron el ejército Nacional, con 3000 hombres, y la guardia miliciana provincial, con 12.000. El resultado fue de alrededor de tres mil muertos en los quince días de junio que duró la crisis”. Antes que se desatara la conflagración, el presidente Nicolás Avellaneda –acaso sin lapicera ya- hizo un llamado para resolver la “Cuestión Capital” pero Roca, como representante de la Coalición Provincial, y Tejedor, como referente de los porteños, la dirimieron con pólvora y fuego.
Lo que 140 años después parece haber sedimentado con cierta naturalidad entre la burocracia municipal y el funcionariado del Estado federal era, tal vez, chocante en aquella época: el gobierno nacional residía en la Casa Rosada pero el gobernador de la Provincia vivía en Moreno 134, casi a la vuelta; el Congreso estaba emplazado en Victoria y Rivadavia y la Legislatura en Perú 134; la Corte Suprema se erguía en Bolívar 137 y el máximo tribunal bonaerense tenia domicilio a una cuadra. Bastaba una chispa para que el gobierno nacional, en manos de cualquiera y con el apoyo del Ejército, la pudriera con el gobernador provincial, según los investigadores del museo en homenaje al exterminador de indios, aupado por “los cuerpos de guardia cárceles, rifleros, voluntarios de La Boca y Negros Victoriosos”.
Por lo demás, la geografía de la Ciudad era menor a un tercio de lo que acredita ahora. Sus confines llegaban poco más allá del Congreso, zona en que se levantaba el Partido de San José de Flores, y al norte de lo que hoy se conoce como Retiro, se erguía el Partido de Belgrano. El saldo arquitectónico de aquel año fue la mudanza de la administración bonaerense a La Plata.
De aquellos polvos, estos lodos
En las paredes de la Legislatura porteña reverbera el rumor de la “Ley Orgánica de la Ciudad de Buenos Aires”, sancionada en 1972 con las firmas del dictador Alejandro Lanusse 12 días después de la represión del 17 de noviembre. En esa norma, numerada como la 19.987, se reconoció a la Municipalidad como persona jurídica pública estatal. Como cuesta presumir de una concesión tan oscura, las odas a la autonomía se visten con las derivas de la Reforma Constitucional del 94’ y la sanción de la Constitución de la Ciudad en 1996.
El primer jefe de Gobierno fue nada más ni nada menos que Fernando De la Rúa, acompañado en la fórmula por Enrique Olivera. Cuando en 1999 tuvo que asumir la Presidencia, el vicejefe ocupó el cargo por vacancia hasta agosto del 2000. Aníbal Ibarra asumiría desde esa fecha hasta 2003 y revalidaría en una ardorosa segunda vuelta frente a un Macri desafiante, facho y con bigotes.
El resto es historia reciente, trágica y, por ende, más conocida pero explica cómo se sedimentó culturalmente la voracidad insubordinada de los jefes políticos de la impúdica granjería financiera bajo el ropaje semidemocrático de que los vecinos elijan a sus representantes, una idea que fue convidada al progresismo y sedujo a ingentes capas dirigentes y militantes con vocación de servicio, pasión política o avidez por los negocios.
Y es que la creación de la Policía Metropolitana no se comprendería sin una contextualización más generosa con la información y menos indulgente con la incorrección ideológica. La ley que alumbró ese cuerpo de pretorianos armados se votó el 28 de octubre de 2008, con el apoyo del bloque macrista, el Socialismo y el Frente Para la Victoria, cuya jefatura recaía en manos de Diego Kravetz, delegado del jefe de Gabinete y cabeza de lista por el FdT en 2019. Kravetz es asesor de Néstor Grindetti en la municipalidad de Lanús actualmente.
En síntesis, las confusiones del peronismo porteño no son nuevas. Porque cuando Kirchner optó en 2003 por Daniel Scioli como segundo suyo en la aventura presidencial, el embajador argentino en Brasil se perfilaba para ganarse el cetro del PJ de la Ciudad. Allí, tallaban Víctor Santa María, Miguel Ángel Toma, Cristian Ritondo y Diego Santilli, juntos y revueltos. El jerarca de la SIDE se haría de los hilos del justicialismo blanco e Ibarra vencería a Macri sin el apoyo formal de los muchachos de la calle San José.
De ahí que la bancada peruca de la Legislatura fuese un cocoliche. El robustecimiento kirchnerista que sobrevendría posteriormente alcanzó tan solo para detener la expansión macrista pero, después de 2013, el conservadurismo neofascista conjugado con el apetito neoliberal arrasarían con las instituciones sistemática y sostenidamente.
Tanto que los agentes de la Metropolitana, estigmatizados por la red de espionaje que montaran el Fino Palacios y Ciro James, se curtieron en represiones a cartoneros, manteros, sindicalistas movilizados y las familias que tomaron el predio del Parque Indoamericano a fines de 2010 por la emergencia habitacional. Si a eso se suman los casos de gatillo fácil y la cacería de legisladores, comuneros, dirigentes gremiales, militantes y pacientes del Borda el 26 de abril de 2013, se cae fácilmente en la cuenta que el carácter político de la Policía macrista no es repentino, como sugirió la Vicepresidenta.
Un buen comienzo para ordenar los melones en la carretilla sería rediseñar la estrategia. O el peronismo asume que la autonomía de la Ciudad es un tema capital o cada tribu capitaliza como puede las ferias al paso de la ciudad autónoma. La diferencia estriba entre prevalecer en las urnas a nivel nacional para sufrir el asedio de la elite política, con sus juzgados ondemand, sus vocerías mediáticas y cuerpos de infantería, u ordenar la arquitectura jurídica para diluir la incidencia de la conducción política del poder económico y garantizar el sentido democrático de las elecciones libres del pueblo.
